Los abogados constitucionalistas del Colegio de Barcelona exigen a la Generalitat respeto a las leyes y tribunales

Estos abogados constitucionalistas --precisan que sus opiniones no representan necesariamente la opinión de la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona-- reclaman ante la actual situación política que se respete el Estado social y democrático de Derecho regulado en la Constitución.

Así, en relación a la reciente normativa aprobada por el Parlamento catalán manifiestan «por unanimidad» que la Ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación del Parlamento de Cataluña, así como el Decreto 140/2017 de 7 de septiembre, de la Generalitat de Cataluña, de normas complementarias para la celebración del referéndum de autodeterminación, «están suspendidas por diversas resoluciones del Tribunal Constitucional».

Por ello, advierten que de «proseguir con la ejecución de normas suspendidas supone una clara violación de nuestro orden constitucional español y europeo por desobediencia, que no tiene amparo en el Derecho Internacional, ni en el Derecho de la Unión Europea, que regula y protege la integridad territorial de todos sus Estados miembros».

En segundo lugar precisan que un Estado de Derecho «nunca» puede permitir que alguna de sus instituciones «desobedezca las leyes e incumplan las resoluciones del Tribunal Constitucional». «Nadie puede eludir el control jurisdiccional de sus actos», avisan y añaden que cuestionar los fundamentos del Estado de Derecho, menospreciando los órganos encargados de aplicar las leyes, «no es nunca una opción lícita ni legítima. Ello supone, además, poner en peligro nuestro sistema de derechos y libertades».

REFERÉNDUM SIN LEGITIMIDAD Y SIN GARANTÍAS DEMOCRÁTICAS

En este sentido, añaden los abogados constitucionalistas de Barcelona que el referéndum convocado para el próximo 1 de octubre, «carece de legitimidad». «Como juristas constitucionalistas constatamos además la ausencia absoluta de las garantías democráticas en dicho referéndum», añaden.

En este sentido, señalan que la plena garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, en la Unión Europea, únicamente es posible desde el respeto al ordenamiento jurídico de la Unión y de sus Estados miembros. «En el marco de la construcción europea no caben posturas unilaterales ni supremacistas», recalcan.

En consecuencia, exigen a las instituciones catalanas el «respeto a las Leyes y a las decisiones de los Tribunales encargados de hacerlas cumplir, para garantizar la convivencia pacífica y los derechos fundamentales y libertades públicas de todos».