Así lo ha señalado este miércoles en Santander su titular, Álvaro Nadal, en un encuentro con los medios posterior a su participación en el Global Youth Leadership Forum, que se celebra esta semana en el Palacio de la Magdalena.
El también responsable de Turismo y Agenda Digital ha recordado que el bono social eléctrico salió adelante mediante un decreto ley a principios de este año, tras un desarrollo normativo posterior al diálogo con otras fuerzas políticas.
La iniciativa, cuya aprobación es competencia del Gobierno, precisa desarrollos normativos que, como ha apuntado Nadal, en el ámbito energético son "muy largos", toda vez que requieren diferentes informes.
En este caso, el bono social eléctrico dispone ya del informe del Consejo de Estado, de la Comisión Europea y está únicamente pendiente del que debe otorgar la CNMC, que estará "en muy poquito".
Y cuando esté, como ha explicado el ministro, se iniciará la pertinente tramitación para su "inmediata" aprobación por el Consejo de Ministros. Así, aunque todo depende de la Comisión Nacional del Mercado y Competencias, Álvaro Nadal cree que el bono social eléctrico recibirá luz verde "en muy pocas semanas".
LA CONSTITUCIÓN DEBE "TENER EN CUENTA" LA REALIDAD DIGITAL
Por otro lado, y a propósito de su conferencia, el ministro ha considerado que el ámbito constitucional en España se debe "ampliar" ante la necesidad de preservar una serie de derechos derivados de las nuevas realidades -como la revolución digital- que nuestra Carta Magna tiene que "tener en cuenta".
En este sentido, ha recordado que su departamento creó un grupo de trabajo interdisciplinar, presidido por el exministro socialista Tomás de la Cuadra Salcedo e integrado por distintos expertos como juristas o sociólogos, que está "trabajando muy bien" de cara a presentar conclusiones. Serán principios más que cambios normativos concretos, aunque si hay alguna propuesta se estudiará, ha apostillado Nadal.
"Una persona no puede perder derechos por el hecho de que esté en el mundo digital", ha defendido, antes de agregar que esos principios generales deben permitir al poder judicial, a los legisladores o al Gobierno tener en cuenta los cambios digitales.
Para finalizar, el ministro ha destacado que España es "el único país" que ha puesto en marcha este debate -aunque en Italia hay una iniciativa similar-. Una cuestión que se ha trasladado a diferentes socios europeos a los que, como ha concluido Nadal, les ha parecido "bien".
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