En su exposición razonada, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 justifica su decisión de enviar la causa a Murcia en que el investigado concertó trabajos con el informático experto en reputación en Internet Alejandro de Pedro para «limpiar» con dinero público su imagen en las redes sociales con motivo de la campaña para las elecciones a la presidencia de la región en 2015.
Con esta acción «lastimó los intereses de la Administración Pública que no debe correr con semejantes gastos particulares», según precisa el magistrado instructor que añade que en el momento de los hechos, Sánchez era consejero de Educación y concertó este acuerdo para lavar su imagen «dada la cantidad de investigaciones penales a las que había y estaba siendo sometido por su actuación pública».
Velasco explica que los trabajos reputacionales, presupuestados en 4.600 euros al mes, son constitutivos de delito de fraude porque, aunque no se llegaron a cobrar dado que días después estalló la trama Púnica, sí existió «acuerdo y concertación» afectando a los intereses de la Administración.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 conformó la pieza relativa a las actividades de la trama en Púnica en un auto que dio a conocer el pasado 13 de febrero y en el que dirigió el procedimiento contra 22 personas, entre ellas Pedro Antonio Sánchez y la senadora del PP Pilar Barreiro a quien le atribuyó cinco conductas delictivas.
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