Por ello, el abogado Marcos Molinero -en nombre de la defensa de Correa- ha solicitado al tribunal que se deduzca testimonio para «imponer las sanciones legales» correspondientes debido al «escarnio personal y humano» al que «Instituciones Penitenciarias están sometiendo a Correa».
Sin embargo, el abogado del Estado ha calificado de «intolerable» y «absolutamente grandilocuente» la petición del letrado de Correa, que, a su juicio, tiene la única finalidad de «llamar la atención», y ha puesto en duda que haya «una especie de conjura» contra el acusado.
Según fuentes de la Audiencia Nacional, el oficio de no traslado se envió correctamente a Instituciones Penitenciarias, pero debido algún error posterior finalmente se le ha trasladado desde la cárcel de Valdemoro, donde cumple pena de más de 12 años de prisión tras ser condenado por el caso Fitur.
Pero Molinero considera que se están vulnerando sus derechos humanos al desobedecer una orden de la Sala, que le dispensó de asistir debido a la claustrofobia que padece, y se ha quejado en el juicio de que además este viernes querían trasladar a Correa en un furgón de la Guardia Civil y finalmente, en atención a sus quejas, se le ha llevado en una ambulancia.
Según ha apuntado Molinero, el traslado «ha sido todo un periplo».
El abogado de Correa, Juan Carlos Navarro, ha explicado que pedirá que se investigue quién se ha saltado la orden para que «se depuren responsabilidades».
Otros acusados
Los letrados de los otros dos cabecillas de la trama, Pablo Crespo y Álvaro Pérez «el Bigotes» -que están asimismo cumpliendo condena- también han pedido al tribunal que les dispense de asistir al juicio, ya que, aunque nunca lo habían solicitado, «las circunstancias han cambiado drásticamente a raíz de su ingreso en prisión».
En una ocasión, «el Bigotes» se ha sentido mareado en el juicio y el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, le ha permitido que saliese de la sala cuando lo necesitase, custodiado por un agente de la Policía Nacional.
Además, uno de los letrados ha alegado que, mientras los acusados están detenidos en los calabozos de la Audiencia Nacional, no pueden tener acceso a sus expedientes ni hablar con sus abogados por lo que «dificulta enormemente el ejercicio de su derecho a la defensa hasta el punto de obstruirlo e impedirlo».
Tanto la Fiscalía como el abogado del Estado se han opuesto a tal petición, pues consideran que la presencia de los acusados es «necesaria» en el transcurso del juicio.
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