Vidal (ERC) dice que la Generalitat tiene «ilegalmente» datos fiscales

Estas son algunas afirmaciones que el exjuez Vidal, según recoge en su edición digital de este jueves el diario El País, ha ido deslizando en diversas conferencias y discursos en municipios catalanes entre el 24 de noviembre pasado y el 21 de este mes de enero.

La información relata que Vidal ha explicado en esas conferencias que la Generalitat se ha hecho con los datos fiscales de todos los residentes en Cataluña y que los presupuestos del Govern tienen una partida camuflada de 400 millones de euros para construir estructuras de Estado.

«La Generalitat tiene todos vuestros datos fiscales. Esto es ilegal porque está protegido por la ley de bases de datos. Son unos datos reservados, en teoría los que llevamos este proceso no deberíamos tener acceso a ellos, pero a veces suceden cosas, no os diremos cómo, porque no es exactamente legal», afirmó Vidal en estas conferencias según El País.

Vidal también habría desvelado que la Generalitat investiga a los jueces establecidos en Cataluña y que un gobierno extranjero no europeo está formando a los Mossos en materia de contraespionaje.

La información señala que Vidal avanzó que el conseller de Exteriores, Raül Romeva, tiene un «preacuerdo» para que una Cataluña independiente, sin fuerzas armadas, participe en la OTAN aportando ayuda humanitaria, y que once Estados de la UE apoyarán una declaración de independencia, entre ellos Letonia, Lituania y Eslovenia.

En este contexto, el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha escrito dos mensajes en Twitter en los que afirma: «Nuestro trabajo es siempre escrupulosamente legal, extremadamente eficaz y absolutamente transparente, que nadie lo dude».

«Lo que hace el Govern se expresa a través de sus consellers y la portavoz (Neus Munté). En ningún caso la opinión de personas externas al Govern es vinculante», ha afirmado Sabrià, en una desautorización implícita al senador Santi Vidal.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suspendió tres años al juez Vidal por participar en la redacción de una constitución catalana, decisión que fue confirmada por el Tribunal Supremo el pasado 21 de noviembre.