El PP aceptará una reforma constitucional sólo si hay un consenso como el de 1978

La ponencia aborda, además, la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana, «pero no su derogación».

También destaca el PP que en España no cabe ningún referéndum de autodeterminación, y en alusión a Cataluña y al proceso independentista hace en la ponencia una defensa cerrada del diálogo como contraposición a «planteamientos rupturistas». El diálogo, en cualquier caso, se enmarca en el Estado de derecho.

Los pilares sobre los que se asentará la ponencia serán dos: la vigencia de la Constitución y la renovación del modelo de financiación autonómica, aspecto aún pendiente de concreciones.

Sobre la vigencia de la Constitución, los dirigentes implicados en la ponencia dejan claro que es «una referencia viva» al haber sido la causa de «las mejores décadas de prosperidad» del país.

Por ello, tal y como apuntan las fuentes de la dirección, el PP no alentará una reforma de su articulado dado el contexto parlamentario actual, sin bloques claros de mayorías.

Ahora bien, en la ponencia los populares inciden en que la Constitución no es «un ente inamovible», y recuerdan, en este sentido, que ya se ha cambiado en dos ocasiones: para que votaran los ciudadanos europeos en las elecciones municipales y para variar el artículo 135 y blindar la estabilidad presupuestaria. En ambos casos, el PP dio su apoyo.

Todo lo que sea reformar la Constitución en este momento lo vigilará el PP, y así, pedirá precisar «qué se reforma» y «qué justificación se da», y en última instancia, que haya detrás un nivel sólido y mayoritario de consenso político y de respaldo ciudadano. La aprobación en 1978, en el Congreso, contó con 325 votos a favor.

Los populares pretenden trazar en la ponencia una serie de mecanismos para potenciar la cooperación entre gobiernos y administraciones. Para ello, propone dar más relevancia a la Conferencia de Presidentes y a las conferencias sectoriales, así como al Senado.

Sobre la de Presidentes, las fuentes citadas indican que más que marcar una periodicidad concreta, sí plantea el PP que en el mismo Senado un órgano se encargue de supervisar el cumplimiento de los acuerdos que se alcancen.