La vicepresidenta ha participado en la reunión en la capital catalana de la Ponencia de Economía y Administración Territorial de cara al Congreso del PP, un encuentro de trabajo al que han asistido dirigentes de peso del partido como los presidentes de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, o de La Rioja, José Ignacio Ceniceros.
También los ministros Dolors Montserrat (Sanidad) y Álvaro Nadal (Energía); el líder del PP Vasco, Alfonso Alonso; el coordinador de la ponencia y vicesecretario de Política Autonómica y Local del PP, Javier Arenas; el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y el coordinador general del PP Catalán, Xavier García Albiol, que ha presidido la reunión de este sábado.
Un encuentro para poner en común las distintas propuestas con las que trabajan los miembros de la ponencia económica y territorial -en el caso de Albiol o Feijóo, por ejemplo, sobre financiación autonómica-, algo que en los próximos días se plasmará en un texto conjunto que será llevado al congreso nacional del PP en febrero, si bien antes se abrirá un período de enmiendas.
En un encuentro previo con la dirección del PP Catalán, con intervenciones abiertas a los medios, Sáenz de Santamaría ha mostrado en este sentido la predisposición del Gobierno y del PP a afrontar en esta legislatura la cuestión territorial y, en concreto, desatascar el bloqueo de relaciones con la Generalitat, siempre dentro del «terreno de juego» que permita el marco constitucional.
«El Gobierno lo es de Cataluña, va a estar aquí y hablará con las instituciones catalanas y el conjunto de catalanes. Y procuraremos solucionar sus problemas», ha señalado la vicepresidenta.
Entre esos problemas, ha relatado, están los «45 puntos» que el presidente catalán, Carles Puigdemont, planteó a Mariano Rajoy en su última reunión en La Moncloa, si bien ha querido dejar claro que «el punto 46 -en alusión al referéndum sobre la independencia- no forma parte de nuestro mandato democrático».
«El punto 46 -ha dicho- no forma parte del mandato democrático ni de la CUP ni del Gobierno de la Nación». «Lo que somos el conjunto de españoles lo deciden el conjunto de españoles», ha incidido.
Pero Sáenz de Santamaría ha ido más allá y ha afirmado que, además de los 45 puntos sobre los que sí está dispuesto a dialogar el Ejecutivo, hay muchos «otros problemas» y necesidades de los catalanes que no aparecían en aquella lista de la Generalitat.
Un día después de que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, declarara ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Sáenz de Santamaría ha avisado de que España es un Estado en el que «democracia y derecho son cara y cruz de la misma moneda, de la moneda de la convivencia».
A su juicio, «la ley es la expresión soberana de la voluntad del pueblo» y está hecha para «protegerlo de los malos gobernantes»: «La ley es exigir respeto a las reglas de la democracia, para que nadie pueda pensar que su palabra y voluntad está por encima de cualquier otro español. La ley iguala a todos».
En la misma línea, García Albiol ha dicho que en España no se persigue a nadie por tener unas ideas o ser independentista, sino solamente a «aquellos que actúan al margen de la legalidad y tramitan resoluciones al margen del Estado de derecho».
Y ha agradecido a la vicepresidenta su ayuda para «desbloquear la situación motivada por la actitud intransigente de la Generalitat», frente a lo que los populares trabajan por «un proyecto común de todos los españoles, y no para 17 ideas distintas de España».
Feijóo ha reivindicado la «política útil» en contraposición a los que «se centran en disquisiciones sobre sus disputas internas», «intrigas palaciegas y conspiraciones de barra de bar», y ha pedido trabajar para «perfeccionar» el Estado de las autonomías, un debate en el que «no sobra nadie» y Cataluña deberá «decir mucho», pero sin mezclar el debate identitario y el de la financiación».
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