En el marco de la pieza separada de responsabilidad civil ligada al caso Nóos, que se acabó de juzgar el mes pasado en la Audiencia de Palma y está pendiente de sentencia, Castro ha accedido a la solicitud del letrado de Urdangarin.
En un auto hecho público este juves por el Tribunal Superior de Justicia de Baleares, el titular del juzgado de instrucción 3 de Palma detalla que las cantidades consignadas por el marido de la infanta en concepto de fianza de responsabilidad civil son fruto de la venta de su participación en el chalé familiar que tenía la pareja en el barrio barcelonés de Pedralbes.
Castro trasladó la solicitud de Pascual Vives a las acusaciones personadas en el proceso de Nóos, que no se han pronunciado, y ahora resuelve aceptarla y ordena la transferencia de los 72.600 euros pedidos en concepto de abono por sus servicios profesionales.
«El saldo que presenta la cuenta de consignaciones del juzgado fruto de las aportaciones hechas por don Iñaki Urdangarin Liebaert tiene como función garantizar las responsabilidades pecuniarias que pudieran declararse en la presente causa y no para que este juzgado acabe convirtiéndose en su administrador o filtro de los cargos que debieran ser atendidos a través de ella», indica el juez, que, no obstante, accede a la petición.
En sus conclusiones finales en defensa de la inocencia de Urdangarin, que expuso en el juicio ante la Audiencia de Palma el pasado mes de junio, el abogado subrayó la voluntad del cuñado del Rey de compensar a los potenciales perjudicados y destacó que para ello están depositados en el juzgado de instrucción casi 1,2 millones de euros.
Esta cantidad es básicamente el resultado de la aportación que hizo el exduque de Palma con su parte en la venta del chalé de Pedralbes, que tuvo un saldo positivo de 2,3 millones de euros para el matrimonio.
La fianza de responsabilidad civil fijada por el juez Castro para Iñaki Urdangarin asciende a 13,6 millones de euros.
El esposo de la infanta Cristina se enfrenta a una petición de cárcel de 19,5 años por parte de la Fiscalía y de 26,5 años de la acusación popular de Manos Limpias por tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, dos delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.
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