El Gobierno español en funciones se ha comprometido a adelantar a julio el cierre de los presupuestos generales de Estado de 2016 como estrategia fiscal para controlar el gasto público, lo que implica que habrá que ejecutar la cuentas al pie de la letra sin incurrir en gastos extraordinarios.
Así consta en el documento de alegaciones enviado a Bruselas para evitar una multa por el incumplimiento de los objetivos de déficit, en el que se asegura que en cuanto se constituya el próximo Gobierno se aprobará un decreto ley con las medidas anunciadas ayer por el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos.
Dichas medidas incluyen la subida de los anticipos que las grandes empresas pagan a cuenta del Impuesto de Sociedades, con una recaudación adicional estimada de 6.000 millones de euros, además de nuevos instrumentos para luchar contra el fraude fiscal, con un impacto previsto de otros 1.000 millones.
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