Gran operación contra la corrupción en el Partido Popular de Valencia

Varios medios informan de que en la operación llevada a cabo este martes habría al menos una decena de detenidos. Entre los detenidos está además de Alfonso Rus, la exconcejala del PP en el Ayuntamiento de la capital, María José Alcón, y su marido, Vicente Burgos, exgerente de la Fundación Jaume II.

Rus ha sido detenido en la empresa familiar que tiene en el Polígono Industrial de Xátiva, su localidad natal. Así lo ha confirmado a los periodistas la segunda teniente de alcalde del Ayuntamiento de Xátiva, Cristina Suñer, quien se ha acercado hasta el domicilio del exalcalde de este municipio valenciano, que ha sido registrando durante unas largas siete horas por la Guardia Civil y en el cual ha permanecido Rus.

La Guardia Civil está practicando numerosos registros, entre ellos en la Fundación Jaume II, en la empresa pública CIEGSA y en el Club Deportivo Olimpic de Xátiva (Valencia).

Los agentes han entrado también en el Ayuntamiento de Valencia a las 10 de la mañana, donde inspeccionan los despachos del grupo municipal del PP. Los agentes han entrado, uniformados y portando maletines y cajas en las oficinas del grupo municipal del PP.

Poco antes de las 13.30 horas, han accedido a esas oficinas más guardias civiles con cajas junto a Pablo Ponce, uno de los tres fiscales delegados de Anticorrupción que hay en Valencia.

Los concejales populares, asesores y personal del grupo pueden entrar y salir del despacho, así como usar sus teléfonos móviles, pero tienen la orden de estar localizables y dejar la clave de los ordenadores para que los agentes puedan acceder a ellos.

Hasta la llegada de los agentes de la Guardia Civil había un agente de la Policía Judicial dentro de la oficina, y la puerta ha estado custodiada por un agente de la Policía Local que presta servicio en el Ayuntamiento, mientras decenas de cámaras y periodistas siguen desde el edificio la actuación policial.

En la causa ya hay 29 investigados.

Ante esta situación, la dirección del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV) ha acordado la destitución inmediata de todos sus cargos y el cese en cualquier tipo de actividad relacionada con esta formación política a todas las personas detenidas en el curso de la operación. Asimismo, el PPCV ha instado al Comité de Derechos y Garantías regional a abrir expediente a todos los militantes detenidos, así como la suspensión cautelar de militancia de todos ellos.

Los 'populares' valencianos señalan, a través de un comunicado, que el PPCV «va a ser contundente ante cualquier atisbo de corrupción, sin menoscabo al derecho de presunción de inocencia de todas las personas investigadas».

Investigación

La 'Operación Taula' llevada a cabo este martes se dirige contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas valencianas -Ayuntamientos, Diputación Provincial de Valencia y Generalitat- que se descubrió a raíz de la denuncia por el caso Imelsa, según fuentes de la investigación.

Los integrantes de esta trama se servían de sus puestos de responsabilidad en las administraciones o en empresas públicas para obtener comisiones a cambio de contratos fraudulentos.

El caso se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en la empresa Imelsa. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla, Berceo Mantenimientos, que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban. De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas.

En el momento de la denuncia, la formación de EUPV ya indicó que le resultaba difícil pensar que Alfonso Rus no supiera de las actuaciones de Benavent, puesto que éste «había nacido, crecido y se había enriquecido bajo el paraguas» del también exalcalde de Xàtiva (Valencia), Rus.

Cobro de comisiones

A los pocos meses se hicieron públicas unas grabaciones en las que presuntamente se podía escuchar a Alfonso Rus contando billetes del cobro de comisiones, extremo que éste siempre ha negado. En concreto, se oía como supuestamente decía: «Uno, dos, 2.000, 3.000... y 12.000 euros. Dos millones de pelas».

Este supuesto cobro de comisiones, en este caso durante los años 2005 y 2006 vinculadas con la Mostra de Valencia, también salpicó a la entonces concejala de Cultura en el Ayuntamiento de Valencia con el anterior gobierno municipal 'popular' María José Alcón. Estas grabaciones provocaron que el PP le suspendiera de militancia.

También las grabaciones de Rus le costaron su puesto tanto en la Diputación -estuvo desde 2007 hasta mayo de 2015- como en el PP, partido en el que ocupaba desde 2004 el cargo de presidente de la provincia de Valencia -fue suspendido de militancia cuando el presidente del PPCV era Alberto Fabra, también entonces presidente de la Generalitat-.

Daño

En pleno escándalo, Benavent fue citado en mayo de 2015 por el juzgado para declarar como imputado por las presuntas irregularidades en la entidad que dirigía, y a su salida, en declaraciones a los medios de comunicación, reconoció que se llevó «de todo» de la Diputación -aunque pensaba devolverlo, según dijo- y advirtió de que iba a colaborar con la justicia y de que iba a hacer daño «a mucha gente» contando la verdad. «Va a salir mierda a punta pala», expresó.

En esta misma comparecencia pública justificó que se había llevado dinero de la corporación provincial porque era un «yonqui del dinero», describió su relación con Rus de «confianza profesional» y agregó que no compartía «muchas cosas» ni con él ni con el PP o con la forma de gobernar «a todos los niveles».

Tras estas declaraciones a los medios, Benavent ha tenido que acudir en algunas ocasiones a Fiscalía Anticorrupción para colaborar con la investigación, en una causa que se ha dividido en diferentes piezas y en la que se han estudiado contratos con diferentes empresas relacionados, entre otros, con planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel.

A raíz de la distinta documentación y discos duros que Benavent ha ido entregando ante el fiscal encargado del caso, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se han ido personando en las instalaciones de Imelsa para comprobar que las copias informáticas se correspondían realmente a los discos duros originales. Estos mismos agentes se personaron en el consistorio valenciano para requisar varias cajas de documentación correspondientes a la etapa de Alcón como concejala de Cultura.

Paralelamente a este procedimiento, un juzgado diferente, el número 6 de Valencia, mantiene abierta una causa contra Marcos Benavent tras la denuncia que le interpuso la Diputación de Valencia, cuando estaba presidida por Rus, por presuntos gastos injustificados y otras irregularidades.