El doctor Montes dice que sería «muy doloroso» judicializar el tema de Andrea

Montes confía en que «reine la sensatez» en este «choque de intereses» entre la familia de la pequeña de 12 años, que cree que «lo mejor para su hija, lo que más quieren en este mundo» es que finalice su vida, y el equipo asistencial, que ha decidido lo contrario.

Tras once años y tres meses con medios de soporte vital, pues a la pequeña se le diagnosticó una enfermedad neurodegenerativa cuando tenía nueve meses, los padres han decidido que deje de sufrir y acudir a los tribunales -han anunciado que sopesan acudir a la Justicia- haría que «esta situación de intenso dolor» se alargara, sostiene.

El que fuera coordinador del servicio de urgencias del hospital Severo Ochoa de Leganés (Madrid) recuerda ahora a Inmaculada Echevarría, la mujer navarra que vivió diez años postrada en una cama y conectada a un respirador, y que tras mucho tiempo pidiendo que la dejaran morir consiguió en 2007 la autorización del Comité Ético de la Junta de Andalucía y del Consejo Consultivo Andaluz.

Luis Montes destaca el papel de los Comités de Ética asistencial, que se están empezando a crear en los hospitales (a iniciativa de las direcciones médicas y gerencias) y que ayudan a la toma de decisiones ante dilemas éticos de familiares y médicos, aunque sus dictámenes no sean vinculantes, como ocurre en el caso de Andrea, y que apoya la decisión de los padres.

Explica que hay normativas propias de muerte digna en Andalucía, Aragón, Navarra, Canarias, Baleares, Galicia y País Vasco, pero que la competencia de las comunidades no está por encima del ordenamiento jurídico y nuestro Código Penal castiga la cooperación al suicidio y la eutanasia.

En la muerte digna, «inevitable y voluntaria», el periodo de agonía debe ser «lo más confortable posible» y la determinación y el proceso de morir «lo controlamos nosotros», argumenta Montes.

La eutanasia es lo mismo que la muerte digna pero con el problema de que el ordenamiento jurídico considera delito la eutanasia activa y el suicidio asistido y penaliza al colaborador necesario para esa muerte voluntaria se realice, añade.

No obstante, Montes subraya que la ley de la autonomía del paciente de 2002 establece que el paciente tiene derecho a decidir libremente entre las opciones clínicas disponibles y negarse al tratamiento.

Las dos posturas existentes respecto la muerte digna son concretadas por Montes: la de la mayoría de personas que en un Estado de derecho y garantista entiende la disponibilidad de la propia vida y que debemos procurarnos una buena vida y una buena muerte porque la vida es nuestra, y la de los que creen que la vida no es nuestra sino un don recibido por el dios que está en todas las confesiones religiosas.

«Es un debate ideológico», reconoce Montes, que dice que los ciudadanos siempre «vamos por delante» del ordenamiento jurídico y de la clase política.

Califica de «avance» que el PSOE se haya mostrado dispuesto a tratar de aprobar una ley nacional y, aunque «no» se lo cree, le gustaría que sucediera «por el bien de todos los ciudadanos».

Preguntado por la posibilidad de que los profesionales sanitarios puedan alegar objeción de conciencia en estos casos como ocurre con el aborto, Montes diferencia entre las buenas y malas prácticas médicas asegurando que con las primeras se cumple el ordenamiento jurídico, se ponen todos los medios posibles para llegar a un diagnóstico de certeza y se aplican los tratamientos mejores para esos síntomas y la recuperación de la salud.

«No entra la posibilidad de la objeción de conciencia en una buena practica médica», enfatiza Montes, para quien la objeción es «una desobediencia del ordenamiento jurídico» y dice que en España se están permitiendo «ambigüedades» en esta cuestión.