El exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI, Rodrigo Rato, ha acusado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu de atribuirle la responsabilidad civil de la fusión y salida a Bolsa de Bankia de forma «errada», sin «sustento alguno» y con una «palmaria» ausencia de motivación apoyándose en el «débil» informe de los peritos judiciales.

Así lo expresa en el recurso de apelación que interpuso su defensa el pasado 6 de abril ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, contra la fianza de 800 millones de euros fijada por Andreu contra él, Bankia, su matriz el Banco Financiero y de Ahorros (BFA), y los antiguos miembros del Consejo de Administración Francisco Verdú, José Luis Olivas y José Manuel Fernández Norniella.

Además, el ex presidente del grupo financiero ha presentado otro recurso contra la petición de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) de inadmitir los últimos informes aportados por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) que criticaban la falta de rigor de los peritos judiciales, adscritos al Banco de España, que concluyeron que las cuentas del debut bursátil no reflejaban la imagen fiel de la entidad.

Para Rato, las consideraciones de UPyD son «absolutamente improcedentes» y su reclamación es «infundada» puesto que la documentación del organismo regulador reviste los «criterios de pertinencia, utilidad e idoneidad» para incorporarla a la causa, aunque no sea del «agrado de la acusación popular en la medida en que desvirtúa o cuestiona su tesis».

«Si el contenido de los informes y alegaciones aportados por el FROB no convencen o no gustan a la acusación popular, el remedio procesal a su alcance no consiste en tratar de expulsar del procedimiento todo aquello que no convenga a sus intereses sino combatirlo --si ello le resulta posible-- a través de los cauces procesales oportunos», expone, para considerar los escritos del FROB de «indudable interés».

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«NO ACTUARON DE MANERA OCULTA»

El exvicepresidente del Gobierno insta también a la Sala de lo Penal a revisar la fianza en concepto de responsabilidad civil solidaria de 800 millones fijada en un auto del pasado 13 de febrero por la «debilidad e insuficiencia» de los peritos judiciales y porque «justifica de manera harto insuficiente la concurrencia de un eventual perjuicio». «La atribución de responsabilidad a quienes se exige la prestación de fianza se demuestra errada y sin sustento alguno», añade.

«La ausencia de motivación a la hora de realizar la atribución a las personas concretas es palmaria en este punto y se limita a exponer el contenido del acta del Consejo de Administración de Bankia del 15 de junio de 2011 --que dio lugar a la inclusión de la información contenida en el folleto de salida a Bolsa-- sin dar cuenta de la existencia de otras decisiones de los órganos de administración, ni del contenido de la que se invoca», prosigue.

En este sentido, el expresidente de Bankia defiende que este proceso de salida a Bolsa fue «en todo momento» objeto de análisis y de la toma de decisión de la entidad y la formulación de sus cuentas estuvo sometida al previo informe de auditoría, la elaboración de los servicios técnicos y el debate de los órganos de gobierno.

Su defensa aporta alguna de las actas «más relevantes» para recalcar que «es contrario a la realidad que Rato, Verdú, Olivas y Fernández Norniella pudieran adoptar la decisión de aprobar los estados financieros que iban a ser tenidos en cuenta para la salida a Bolsa por sí mismos y de manera oculta».

«Al contrario, su actuar siempre estuvo presidido por el concurso de los servicios técnicos de las entidades, por la verificación de los auditores (Deloitte) y con la autorización de los miembros de los Consejos de Administración y Juntas Generales», concluye.