Fuentes de este departamento ministerial indicaron que la intención es convocar la semana que viene la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE) para tratar, entre otros temas, la evolución del empleo público, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto de la AGE.
Para reclamar estas mejoras, los empleados públicos se han manifestado este martes delante de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en todas las ciudades de España. Durante la manifestación celebrada en Madrid, el secretario general de CSI-F, Miguel Borra, ha pedido al Gobierno que se «siente a negociar» con los representantes de los empleados públicos para que puedan recuperar los derechos que han perdido con la crisis.
Borra destacó que durante estos años, además de haber visto rebajados sus salarios y haber perdido una paga extra, se han perdido 400.000 puestos de trabajo en la Función Pública, y recordó al Gobierno que actualmente faltan médicos, maestros, policías o jueces. «Se deben reparar algunas condiciones que la crisis nos ha arrebatado», reiteró.
Por su parte, el secretario general de FSP-UGT, Julio Lacuerda, valoró positivamente el gesto de Beteta, aunque ha mostrado sus reservas en cuanto a que se produzca un diálogo social periódico y fijo en la agenda de la Administración, basado en la buena fe negocial.
Según Lacuerda, la Mesa General de Negociación es la herramienta democrática y legitima que la Constitución avala y ahora es el momento de abordar cuestiones primordiales en los servicios públicos como la enorme pérdida de salario que arrastran los empleados públicos o la preocupante destrucción de empleo en las Administraciones. «El Estado en su papel de empleador debe dar ejemplo al resto de empresarios», ha dicho.
Tras la concentración de este martes, los sindicatos entregaron al Ministerio en el que pedían hablar de las perspectivas de creación de empleo para la prestación adecuada de los servicios públicos, la recuperación del poder adquisitivo perdido en estos años y un acuerdo sobre la recuperación de los días adicionales por vacaciones y personales por asuntos propios.
De la misma forma, reclaman un acuerdo sobre el inicio inmediato de negociaciones para establecer criterios mínimos para el conjunto de las administraciones públicas en materia de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, la recuperación del carácter de norma básica del Estatuto Básico y la recuperación de los cauces y medios de negociación rotos durante estos años.
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