La jueza Alaya imputa al exsecretario general de UGT en Andalucía en el 'caso ERE'

En un auto, la jueza Alaya analiza las ayudas a las empresas Altadis y A-Novo Comlink y concluye que en la primera de ellas hubo al menos 15 irregularidades que supusieron un «cheque en blanco contra los fondos andaluces» y en la segunda, con unas ayudas gestadas en una reunión encabezada por el presidente de la Junta, siguió el «sangrado continuo de fondos públicos».

Falta de rigor

La magistrada decreta la citación como responsables subsidiarios de sus respectivos sindicatos, así como de Altadis y la matriz de A-Novo.

El calendario incluye a Alfonso Ruiz-Mateos, sexto hijo del dueño de Nueva Rumasa que es imputado en la causa, en este caso por las ayudas a Dhul; el exfutbolista José Antonio Gómez Romón, conocido como «Pizo» Gómez, para acordar las medidas civiles contra él, y dos presuntos testaferros de los empresarios José Enrique Rosendo y José María Sayago por las ayudas en la Sierra Norte de Sevilla.

La jueza vuelve a imputar, ahora por estas subvenciones, a exaltos cargos ya acusados como los exdirectores de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera.

En el caso de Altadis, la magistrada enumera 15 irregularidades en los 26 millones de euros comprometidos por la Junta, como el hecho de que las ayudas no fueron sometidas a fiscalización de la Intervención, no se hizo «ningún seguimiento», y no consta la aplicación de «criterios de publicidad, concurrencia y objetividad», todo ello «sin el mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos».