El PP decidió la pasada semana aprovechar una reforma parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) sobre medidas racionalización del sector público -pensada inicialmente para regular días de asuntos propios, pruebas selectivas y jubilación del personal de la Justicia- para introducir dos enmiendas que garantizarán protección jurídica a Don Juan Carlos tras su abdicación.
En concreto, una de las enmiendas establece que pasarán a considerarse aforados, tanto por la vía civil como por la penal, los Reyes que abdican (ahora don Juan Carlos), sus consortes (doña Sofía), los consortes del Rey (la Reina Letizia) y los Príncipes de Asturias (de momento Doña Leonor y su futuro cónyuge).
Fuero más allá del cargo
Los citados miembros de la Familia Real pasarán a ser aforados como los miembros del Gobierno y los diputados y senadores, cuya protección está 'blindada' en la Constitución de 1978 aunque con el matiz de que, en lo relativo a la jurisdicción civil, está ligada a la permanencia en el cargo.
Además, a través de una segunda enmienda se incluye una disposición transitoria para que, en el caso de que algún tribunal esté tramitando alguna causa contra los nuevos aforados 'reales' cuando la ley entre en vigor, éstas sean suspendidas y remitidas al Tribunal Supremo.
El texto y las enmiendas pasaron este martes por la Comisión de Justicia, donde fueron aprobados con el único voto del PP frente al rechazo de Izquierda Plural y UPyD, y la abstención de socialistas y nacionalistas catalanes, y este jueves ha llegado al Pleno del Congreso, donde ya no se permitía una votación específica del aforamiento del Rey, sino una global, de conjunto.
Leopoldo Barreda, miembro de la dirección del Grupo Popular, ha apelado al sentido de la responsabilidad y al sentido de Estado para cubrir «sin dilaciones innecesarias» el vacío legal creado tras la abdicación, subrayando que es precisamente la LOPJ la que regula el régimen general de aforamiento. Frente a ello, ha querido denunciar el «populismo», la «demagogia» e incluso la «barra libre de insultos» que se han vertido en estos días para criticar el cambio de estatus de la Familia Real.
En defensa del aforamiento han intervenido también Carlos Salvador, de UPN, quien sostiene que, más allá de la renuncia a la Jefatura del Estado, el Rey y capitán general de las fuerzas armadas en la reserva, siempre estará en activo, y Enrique Alvarez Sostres, de Foro Asturias, que ha denunciado la «hipocresía» de la polémica suscitada aunque ha reconocido que el procedimiento empleado es «siempre mejorable».
Abstenciones
La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha optado por la abstención porque, estando de acuerdo el aforamiento de los Reyes saliente, que considera «oportuno» y «necesario» en el caso de Doña Sofía, reprocha al Gobierno que haya optado por tratar este tema «importante, delicado y sensible» mediante un procedimiento de urgencia, «de tapadillo», lo cual no ve «serio».
Los socialistas han hecho hincapié en la críticas sobre las formas, y la ponente del PSOE, Meritxel Batet, ha acusado al PP e «hacer mal las cosas» para obligar a la oposición a votar sí o no, sin dar opción de debate y acuerdo. «Y no es una cuestión meramente procedimental, es que no respetar a las minorías y al procedimiento es no respetar la democracia -ha añadido-. La responsabilidad de lo hecho y sus consecuencias es sólo suya».
Jordi Jané, de CiU, considera que el procedimiento adecuado habría sido esperar a una reforma global de la Ley del Poder Judicial para garantizar un «debate serio» buscando consensos para reducir el número de aforados y limitar la protección al ejercicio del cargo. Y lo que tenemos es una ley improvisada
En contra de los aforamientos se ha pronunciando Izquierda Plural, cuyo portavoz de Justicia, Gaspar Llamazares, ha dicho que la aprobación del aforamiento «vitalicio», «retroactivo» y «a la trágala» que ha decidido el PP para el Rey saliente supone un «desacato» a la justicia y al juez José Castro, que mantiene como imputada a la infanta Cristina al cierre de la instrucción del 'caso Nóos'.
Cortesanos más papistas que el Papa
«Este aforamiento es un desafuero», ha manifestado Llamazares, quien ha denunciado que haya seres humanos que, cuando dejan su responsabilidad, se conviertan en «casi dioses». «Hay cortesanos que son más papistas que el Papa, y esta iniciativa de aforamiento demuestra que hay una maniobra palaciega para pasar de los pactos de la Moncloa a un pacto de la Zarzuela», ha apuntado.
En nombre de UPyD, la diputada Irene Lozano ha rechazado el aforamiento «vitalicio» de Don Juan Carlos y su «chapucera» tramitación y ha pedido abolir el resto de 10.000 aforados que hay España, porque esta protección jurídica supone un «privilegio sin ningún genero de dudas». A su juicio, «la Ley no puede ser un traje a medida» en el que haya una justicia «cómoda» y «rápida» para los cargos públicos y una «más cara y lenta» para el común de los mortales.
El portavoz del PNV, Emilio Olabarria, sostiene que el procedimiento empleado podría ser considerado «nulo de pleno derecho» por un «brutal forzamiento del Reglamento» al convocar de forma «manifiestamente ilegal» una sesión plenaria sin haber cumplido con los plazos de las fases previas. En ese contexto, se ha preguntado «por qué se está corriendo tanto» y «qué hay que ocultar», y por ello entiende que en la ciudadanía se haya interiorizado una «sospecha».
Joan Baldoví, de Compromís-Equo, cree que el PP está convirtiendo el Parlamento en «un florero» donde se convoca a los diputados a aprobar una reforma de este calado «en dos días». «Tanta prisa nos hace pensar mal y no huele bien», opina.
A las críticas al fondo y las formas se han sumado Uxue Barkos, de Geroa Bai, que censura que este asunto se trate con las «artes de hurtadilla parlamentaria», y la portavoz del BNG, Olaia Fernández Davila, que no entiende tanto «blindaje» para quien ya no es cargo público.
Críticas personales de ERC y Amaiur
Pero las palabras más duras, entrando en el ámbito personal, han llegado desde Esquerra Republica (ERC) y Amaiur, cuyos portavoces, como todos los diputados y senadores, son también aforados conforme establece la Constitución de 1978.
Para el independentista catalán Joan Tardá, la Monarquía española fue «instaurada por uno de los genocidas más sanguinarios del siglo XX» (el dictador Francisco Franco) y ahora se «blinda» a Don Juan Carlos «por miedo a la verdad» porque durante casi cuarenta años «ha tenido barra libre para hacer lo que haya dado la gana y su fortuna podría ser cuestionada en los tribunales».
La abertzale Onintza Enbeitia ha llegado a decir que Don Juan Carlos «tuvo tanto que ver con el 23F como el propio Tejero», que «no dijo nada» mientras el GAL «torturaba» y que se ha «forrado» en el cargo.
Tras las votaciones, el proyecto de ley se ha enviado al Senado que tiene la previsión de tramitar el asunto en su sesión plenaria de la segunda semana del mes de julio para la aprobación definitiva e inmediata publicación en el BOE y entrada en vigor.
6 comentarios
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BASTA de CASTA !!! #BASTAdeCASTA
Van sumando puntos, hasta que el pueblo diga STOP !!! : - ((
tembald elefantes.....
La casta se blinda contra la ciudadanía
¡ Nunca mas mayoría absoluta !
¡ Mai mes majoria absoluta !
Vergüenza le tendría que dar al PP emplear su mayoría absoluta en limpiar la imagen a los que han ido siempre fuera de la ley: ya la podrían haber empleado en cosas que beneficien a los ciudadanos y problemas de España que son los que le han dado sus votos para que arreglen las cosas mal hechas.