La infanta Cristina, a su llegada a los juzgados de Palma cuando fue a declarar ante el juez Castro. | J. TORRES

El juez instructor del ‘caso Nóos', José Castro, prevé hacer público mañana, miércoles, el auto que cierra tres años de investigación de la causa y que apunta a los duques de Palma y otra veintena de imputados como autores de varios delitos penados con cárcel. La resolución ya está redactada desde hace varias días y solo la práctica ‘in extremis' de diligencias solicitadas por alguna de las partes personadas, la ha paralizado.
El auto recoge los argumentos expuestos por el magistrado sobre la participación de la infanta Cristina en los delitos atribuidos por la Agencia Tributaria a su marido, Iñaki Urdangarin, ya sea como cooperadora necesaria o cómplice en el blanqueo de capitales o contra la Hacienda Pública.
Interrogatorio
La hija del rey Juan Carlos, y hermana menor de Felipe VI, ya fue interrogada el pasado mes de febrero en Palma por los gastos realizados con dinero proveniente de la sociedad patrimonial de ambos, Aizoon, y que justificarían, a criterio del juez y de la acusación popular ejercida por Manos Limpias, la comisión de ambos delitos.
Los abogados de la Infanta no recurrieron la imputación de su clienta y, por lo tanto, mantiene la condición de imputada en la causa. Lo mismo ocurre con otra veintena de querellados, entre ellos, Urdangarin, su exsocio Diego Torres, la esposa de éste, Ana María Tejeiro y sus hermanos, Miguel y Marco Antonio.
Las fuentes judiciales consultadas por este diario afirman que esa lista de imputados –integrada al principio por 42 personas– sufrirá una criba, y que el juez dejará al margen a varios de ellos al entender que los indicios con los que cuenta no son suficiente para mantenerlos bajo esa condición. El auto que dictará el juez es recurrible en reforma y/o subsidiario de apelación, es decir, la decisión final sobre todos los imputados, incluida la Infanta, la tendrá la Audiencia de Palma. Se espera que tanto la Fiscalía Anticorrupción (Pedro Horrach) como la Abogacía del Estado (Dolores Ripoll) y la propia defensa de la infanta Cristina, recurran la resolución del juez.