En un auto, el juez Javier Gómez Bermúdez acusa a los dos de apropiación indebida, administración desleal y un delito societario, pero añade para Avilés, que fue director de la Comisión de Control de la caja alicantina, el de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.
López Abad se enfrenta a unas solicitudes de pena de cuatro años por parte de la Fiscalía, de seis por la acusación ejercida por la CAM a través del FROB y de 14 por parte de la Plataforma de Afectados, mientras que en el caso de Avilés pasan por dos años y medio, diez y 16 y medio, respectivamente.
Asimismo, Gómez Bermúdez da un plazo de 24 horas a los acusados para abonar estas cantidades que, en el caso de López Abad, deberá pagar de forma solidaria junto a otros 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de Tenedora de Inversiones (TI), sociedad participada por la CAM, que cobraron de forma presuntamente irregular dietas de entre 9.566 y los 308.000 euros que se embolsó el propio Avilés en lugar de los 15.000 que le correspondían.
Gómez Bermúdez considera a todos ellos partícipes a título lucrativo de los hechos, por lo que deberán devolver las dietas que cobraron como miembros de la Comisión de Control de TI más el tercio de esa cantidad que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con lo que las cifras a pagar oscilan entre los 12.000 y los 386.600.
También considera partícipes a título lucrativo a la mujer de Avilés, Inmaculada Alcaraz, su hermana, Josefa, y su hijo Ginés, si bien archiva la acción penal respecto a ellos tres.
De no pagar ese dinero, el magistrado subraya que se procederá al embargo de «bienes suficientes para cubrir dicha suma» en el caso de que no acrediten antes su insolvencia.
La Fiscalía ha pedido para el primero cuatro años de prisión por apropiación indebida agravada, por el que le reclama también una multa de 90.000 euros, y para Avilés rebaja la pena a dos años y medio por un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.
Asimismo, quiere que ambos indemnicen al Banco Sabadell -al que se le adjudicó la CAM por un euro tras su intervención-, con casi 1,5 millones de euros de forma solidaria junto a los miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de Tenedora de Inversiones.
La CAM, por su parte, representada por el abogado designado por el FROB Carlos Gómez-Jara, considera que, además de la pena de cárcel, Avilés debe pagar una indemnización de 4,9 millones de euros por el «quebranto» derivado de los préstamos que le concedió la entidad.
Sin embargo, opina que esta cantidad debe ir a parar al Fondo de Garantía de Depósitos, ya que este organismo le inyectó 5.249 millones antes de la venta de CAM al Sabadell.
De todos ellos, solo López Abad ya sabe lo que es dormir en prisión, donde ingresó bajo fianza de 2,5 millones -que abonó en apenas seis días- por haber desviado presuntamente 247 millones a un paraíso fiscal en el Caribe a través de la sociedad Valfensal.
Se trata del segundo juicio que abre la Audiencia Nacional a los gestores de las antiguas cajas tras el de los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès Ricard Pagès, Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas, que deberán sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 19 de mayo donde se enfrentarán a penas de entre tres y tres años y medio de cárcel que reclama para ellos Anticorrupción.
3 comentarios
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muy interesante
ja ja desvio 247 millones y le pidieron 2,5 de fianza, ba beeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
La justícia del nostre país pot assolir un bon molt nivell. Semblaria que, dins les excaixes, els directius estaven més preocupats a millorar els seus estatus i avantatges que no a administrar l'entitat.