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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar a partir del 13 de agosto en calidad de testigos a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y los exsecretarios Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, «en atención en la responsabilidad que habrían ostentado» en la formación.

El magistrado ha citado a Cospedal el 14 de agosto a las diez de la mañana y debido a su cargo de presidenta de la Castilla La Mancha --que le confiere la cualidad de aforada-- el magistrado especifica que, si así lo requiere la interesada, se desplazará a su despacho de Toledo para tomarle declaración.

El día anterior, 13 de agosto, interrogará en la Audiencia Nacional a Álvarez-Cascos y Arenas. El primero ha sido citado a las once y media de la mañana mientras que el segundo tendrá que comparecer a las doce y media.

En un auto hecho público este martes el juez especifica que toma esta decisión «a fin de no demorar más el presente trámite sin perjuicio de las restantes diligencias que con posterioridad a la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas en fecha 15 de julio han sido solicitadas por las partes personadas, respecto de las que se resolverá una vez obre en autos el correspondiente informe del fiscal».

Declaraciones «necesarias»

El magistrado entiende que estas tres testificales resultan «pertinentes, útiles y necesarias» en atención «a la responsabilidad que cada uno de los testigos propuestos habría ostentado al frente de la Secretaría General de la formación durante los distintos periodos a que se extiende la presunta contabilidad B y la realidad de los apuntes en ella contenidos».

A fin de «no incurrir en incongruencia» Ruz considera que no sólo debe declarar la actual secretaria general -como había indicado el fiscal en su informe- sino también Arenas y Álvarez Cascos en tanto que ostentaron la misma responsabilidad orgánica dentro del partido.

El auto concreta que aunque sus cargos se correspondan con periodos anteriores al que delimita el objeto de la instrucción, pueden aportar «datos relevantes» para la investigación en curso. El magistrado destaca que su declaración podría ayudar a «la verificación de la llamada contabilidad B y la realidad de los apuntes en ella contenidos».

Especifica, además, que la autoría de los 'papeles' ha sido confirmada por el propio Bárcenas y añade que de las pruebas practicadas se desprende «la realidad de varios apuntes contables» que figuran en los documentos. Insiste en delimitar la investigación --como ya hiciera en un auto anterior-- a los delitos fiscales que pudieran haberse cometido a partir del ejercicio 2007 y los cometidos contra la administración pública, como cohecho y otros, desde el año 2002 en adelante.

En el auto el juez acuerda también citar como testigos a un empleado de la caja del PP, Antonio Ortiz, y al gerente que sucedió a Bárcenas, Cristóbal Páez. Además, el magistrado requiere documentación a las empresas OHL, Azvi, Sacyr Vallehermoso, FCC y Sando y al propio PP. El partido tendrá que certificar «la existencia de un órgano o conjunto de personas que componían una llamada 'comisión de infraestructuras' interna del partido, en la que habría tomado parte el empresario Antonio Vilela, de la constructora Rubau, el magistrado.

También pide al partido que remita al Juzgado el expediente completo relativo a la contratación del arquitecto Gonzalo Urquijo de las obras de la sede general de la calle Génova de Madrid. Solicita, además, que identifique a la persona o personas que hayan trabajado como secretarios de Bárcenas y el también el extesorero Alvaro Lapuerta entre 1990 y 2008.

Pen drive

En un segundo auto, el juez Ruz incorpora a la causa los archivos del 'pen drive' que Bárcenas aportó en su declaración del pasado 15 de julio y solicita un informe pericial informático sobre esos archivos que acredite extremos como las fechas de confección y cualquier información de carácter técnico que guarde relación con su contenido.

La pericia será verificada por la Sección de Informática Forense de la Policía, designándose dos peritos técnicos especialistas materia, según la resolución dictada por el instrucción del Central de Instrucción número 5.

De conformidad con el Ministerio Fiscal, Ruz incorporará a las actuaciones once archivos que han sido clonados del contenido original, una vez excluidos otros contenidos de carácter íntimo, que el instructor considera «irrelevantes», por no incidir su contenido en el objeto de la investigación.

Entre otros puntos, la pericial informática deberá determinar si hubo datos del 'pen drive' que «pudieren haber sido borrados, eliminados o alterados de cualquier forma, con identificación en tal caso de las fechas en que así se hubiese procedido».

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