La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (i), y la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante la rueda de prensa que han ofrecido al término de la reunión del Consejo de Ministros.

El Gobierno ha decidido no revalorizar las pensiones contributivas con la desviación del IPC en 2012, el 2,9 % según el dato adelantado de noviembre, para no tener que desembolsar una cantidad que rondaría los 3.800 millones de euros.

No obstante, el Ejecutivo se ha comprometido a subirlas en 2013 un 2 % a los pensionistas que perciban menos de 1.000 euros y un 1 % al resto, según lo ha avanzado ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La subida del 2 % afectará a 6,6 millones de pensionistas, que representan el 70 % del total, y supone un coste de 1.513 millones.

Comparecencia

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, durante su intervención en la rueda de prensa ha anunciado que ha pedido su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo para informar al respecto y ha explicado que este año se ha suspendido la actualización de las pensiones por una cuestión de «excepcionalidad» motivada por la gravedad de la crisis económica.

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Situación que también ha obligado al Ejecutivo a cambiar «temporalmente» (hasta 2015) la ley que regula el fondo de reserva de la Seguridad Social (la «hucha de las pensiones») y así poder disponer de 3.800 millones de euros este año para abonar las pagas ordinaria y extraordinaria de diciembre, que suponen un gasto de 15.000 millones de euros.

La hucha

Hasta ahora, la ley sólo permitía utilizar un máximo del 3 % de la denominada «hucha de las pensiones» cada año, porcentaje que ya se ha utilizado en 2012 después de que el pasado 27 de septiembre el Gobierno autorizara –por primera vez desde que se creó el fondo– el uso de 3.063 millones. La decisión de no actualizar las pensiones conforme a la inflación ha sido «muy difícil», según Báñez, quien ha dicho ser consciente del esfuerzo que se pide a los jubilados, que son en estos momentos la «columna vertebral» y sostienen a muchas familias.

«Con esta decisión, estamos en la senda de cumplimiento del objetivo de déficit público. Es un objetivo irrenunciable. La prioridad de país es hoy cumplir el déficit público para poder salir de la crisis y crear empleo en España», ha insistido la ministra, que ha querido mandar «un mensaje de tranquilidad» a los pensionistas porque sus prestaciones «están garantizadas».