Garzón justifica las escuchas de «Gürtel» en la necesidad de evitar que la trama evadiera dinero

Tras la reanudación de la vista, que se había iniciado por la mañana con las cuestiones previas planteadas por la defensa, el presidente del tribunal, Joaquín Giménez, ha señalado a Garzón que para declarar como imputado debía despojarse de la toga y sentarse en el lugar destinado a los procesados. Hasta el momento, el juez suspendido había estado sentado en el banco destinado a los letrados de la defensa junto a su abogado en esta causa, Francisco Baena Bocanegra.

Con una voz muy débil y ronca, fruto de la afonía que padece, Garzón ha contestado en primer lugar a las preguntas de Ignacio Peláez, cuya querella inició este procedimiento contra él en el alto tribunal, y ha negado que las intervenciones le permitieran conocer la estrategia de defensa de su cliente, el constructor Ulibarri, ni del resto de imputados.

No le importaba la estrategia de defensa

Ha añadido que la citada estrategia de defensa además «le importaban bien poco» para el curso de la investigación, pues su intención no era otra que la de «evitar la continuación de la acción delictiva» relacionada con el blanqueo de capitales y la evasión del dinero fuera de España, de cuya comisión existían «importantes indicios».

Garzón ha insistido en que la actividad delictiva continuaba en prisión por parte de los integrantes de la trama corrupta, y que las escuchas le brindaban «la única posiblidad que tenía», como juez, para poder perseguir los delitos y conciliar este interés con la protección de los derechos de las partes en el proceso.

Abogados que fueron imputados

Los abogados «eran parte nuclear» de las actividades de la trama corrupta, según Garzón, concretamente Ramón Blanco Balín, José Antonio López Rubal y Manuel Delgado, quienes posteriormente resultaron imputados, al igual que los cabecillas de la trama «Gürtel», por delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, cohecho, asociación ilícita, falsedad tráfico de influencias. Posteriormente, todos ellos resultaron libres de imputación.

Por su parte, Peláez le ha recordado que en el propio auto Garzón señalaba que las intervenciones con abogados no podían autorizarse salvo por orden de la autoridad judicial o en los supuestos de terrorismo (artículo 51 Ley General Penitenciaria), un argumento con el que el propio magistrado juzgado mostró su conformidad.

A lo largo de su declaración, que se prolongó más de dos horas, Garzón ha insistido en varias ocasiones en que nunca hubo relación entre lo conocido por las escuchas y las diligencias que posteriormente se acordaron en el marco de la investigación a la trama corrupta.

Ha puntualizado además que las conversaciones se empezaron a expurgar y posteriormente fueron remitidas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) cuando éste órgano asumió la competencia del caso tan sólo un mes después, el 31 de marzo de 2009.

También le ha recordado Peláez que la Fiscalía le pidió hasta tres veces que eliminara de la causa el resultado de las conversaciones intervenidas entre Peláez y el presunto «cabecilla» de la trama, Francisco Correa. A este respecto, Garzón ha señalado que la Fiscalía «en ningún momento» cuestionó las medidas que él acordó en el curso de esta investigación.

Lo pidió a la Policía

A preguntas del abogado de Correa, José Antonio Choclán, que también ejerce la acusación particular, Garzón ha aclarado que la iniciativa para intervenir los encuentros entre imputados de «Gürtel» y abogados fue planteada por la Policía que investigaba la trama, que temía que el dinero fuera evadido fuera del país. «Ante ello, yo tomé la decisión», ha afirmado el juez suspendido de la Audiencia Nacional, para añadir que la Fiscalía estuvo de acuerdo.

Para justificar que en muchas ocasiones el contacto con la Policía no precisa de resoluciones por escrito, Garzón ha explicado ante la Sala que la orden que en octubre de 2007 él dio para detener a los miembros de la Mesa Nacional de Batasuna desarticulada en Segura (Guipúzcoa) fue transmitida «de forma verbal».

Tras aclararse la garganta bebiendo agua varias veces durante el interrogatorio, el titular del Juzgado Central del Instrucción número 5 ha insistido en que el juez tiene «la obligación» de investigar los hechos delictivos y que tomó la decisión ante la información que le dio la Policía de cómo estaba la situación.

Los autos de intervención «no fueron ningún cheque en blanco», ha manifestado Garzón para continuar preguntando dónde esta en este caso la vulneración del derecho de defensa. «Traigame aquí alguna diligencia que fuera consecuencia de las escuchas», ha señalado el juez procesado, para insistir que se intervino a los imputados, no a sus abogados.

A preguntas de Pablo Rodríguez Mourullo, defensor en el «caso Gürtel» de Pablo Crespo, Garzón ha manifestado su interés en demostrar que con las intervenciones que él ordenó «se respetaron escrupulosamente las prevenciones del derecho de defensa», y ha señalado que las intervenciones fueron prorrogadas por el juez del TSJM Antonio Pedreira cuando asumió la instrucción de este asunto.

El presidente de la Sala ha intervenido en varias ocasiones con el fin de centrar el contenido de las preguntas y evitar las de carácter improcedente, como la formulada por Rodríguez Moururullo señalando si, para evitar que se siguiera delinquiendo, no hubiera sido mejor «incomunicar» a los investigados antes de escuchar a sus letrados.

Intervención del fiscal

A preguntas del fiscal Antolín Herrero, que no acusa en este procedimento, Garzón ha aclarado que a partir de la fecha en la que la causa «Gürtel» pasó al Tribunal Superior de Madrid su juzgado no volvió a dictar resolución alguna sobre los ya imputados en esta causa, y destacó el hecho de que ningún letrado defensor de imputados en la trama fuera de prisión le pidiera permiso para entrevistarse con los «cabecillas».

Tras el interrogatorio de la Fiscalía, la Sala interrumpió la sesión por quince minutos y después la reanudó para dar tiempo a la defensa de Garzón. Este comentó a los periodistas que ayer tenía una temperatura de 39 grados y que hoy ha tenido que tomar un medicamento para poder acudir a esta vista en condiciones.

Garzón se enfrenta en este proceso a un máximo de 17 años de inhabilitación que solicitan las acusaciones particulares por los delitos de prevaricación y contra las garantías constitucionales, mientras que los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentan acusación por no ver delito en su actuación, solicitando en su escrito la absolución de Garzón «con todos los pronunciamientos favorables».

Según las acusaciones, Garzón intervino las conversaciones de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con sus abogados con el fin de conocer su estrategia de defensa, lo que supone una grave vulneración de sus derechos constitucionales. Le acusan además de adornar la medida con el dictado de una resolución aparentemente motivada, según las acusaciones, lo que supone un delito de prevaricación.