El Supremo condena al Estado a pagar por la agresión de un preso fugado en un permiso

En la resolución, el alto tribunal argumenta que es «obligación de la sociedad» asumir los «daños derivados de los permisos penitenciarios», por lo que ha mantenido que la Administración deberá pagar la cantidad de 250.000 euros a la víctima del atraco, Luis M.M, debido a los daños y perjuicios sufridos.

El abogado del Estado interpuso un recurso ante el Supremo al considerar que no existe relación entre una «posible negligencia del juez de vigilancia penitenciaria» y la Administración pública y que los riesgos que entraña la concesión de permisos penitenciarios no los debe «asumir» la sociedad.

Responsabilidad

Los magistrados del alto tribunal, sin embargo, afirman que el hecho de que el permiso se lo concediese un juez no supone la «desaparición» de esta relación y añaden que la responsabilidad no debe recaer en un solo ciudadano, sino que tiene que ser compartida por todos.

Los hechos se remontan al 31 de enero de 2002, cuando un juez de vigilancia penitenciario de Castilla y León concedió un permiso de salida al preso Juan José P.L., que no volvió a la cárcel.

Así, sobre las nueve y media de la mañana del 17 de julio de ese año el recluso atracó una sucursal de Caja Madrid situada en el centro de la capital y disparó al empleado Luis M.M, que estuvo ingresado en el hospital más de tres meses y sufrió secuelas que le provocaron una incapacidad permanente absoluta.