El movimiento ciudadano 15-M ha optado por la resistencia pasiva y mantiene sus concentraciones a pesar de que la Junta Electoral Central (JEC) las considera ilegales a partir de la pasada medianoche, aunque Interior confirmó ayer que la olicía no va a disolverlas.
Miles de personas continuaban ayer participando en las concentraciones, incluida la de la Puerta del Sol -a pesar de que la Junta Electoral Provincial de Madrid también había prohibido la protesta de ayer-, que también continuará hoy por la decisión tomada de forma asamblearia.
A la movilización de Sol se unen la mayoría de las protestas que se mantienen en otras ciudades españolas, que también han decidido continuar durante la jornada de reflexión.
Mientras, la sala segunda del Tribunal Constitucional no admitió el recurso de un abogado contra el acuerdo de la Junta Electoral Central de prohibir las concentraciones de hoy y mañana, al estimar que no se ha agotado la vía ordinaria.
El Tribunal Supremo, por su parte, inadmitido anoche el recurso de IU contra la decisión de la JEC por considerar que la coalición no está legitimada para recurrir el acuerdo.
Las Fuerzas de Seguridad del Estado «saben lo que tienen que hacer» ante las concentraciones, según aseguró ayer a mediodía el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien añadió que la policía y la Guardia Civil actuarán bajo los principios de la «congruencia, oportunidad y proporcionalidad».
El ministro del Interior hizo una llamada a la tranquilidad de los ciudadanos, porque, según dijo, en casos como éste lo que tiene que hacer el Gobierno es explicar que «no corre peligro nada», pues «la gente ejerce sus derechos y la policía garantiza que esos derechos se ejercen en el marco de la ley».
La Abogacía del Estado recomendó al departamento que dirige Rubalcaba que no se haga uso de la fuerza para disolver estas concentraciones si no son violentas, y que se actúe de forma «proporcionada» para cumplir con la resolución de la Junta.
Así, los servicios jurídicos del Estado creen que la policía debe informar primero a los asistentes de que las manifestaciones en jornada de reflexión o en el día de la votación son ilegales para después instarles a desistir y desalojar estos lugares de forma pacífica.
El Gobierno ha hablado con las comunidades con fuerzas de seguridad propias, y en el caso de Catalunya, la Generalitat ya ha dicho que será «flexible» a la hora de hacer cumplir la decisión del órgano electoral.
En la jornada de ayer, las concentraciones fueron muy activas y los «indignados» se prepararon para resistir todo el fin de semana.
'Grito mudo'
Los concentrados en Sol están cada vez más preparados, y ya cuentan con una enfermería que ha atendido bajadas de tensión o incluso una crisis epiléptica, así como una guardería para cuidar a los niños de los que quieren participar en las movilizaciones o en las asambleas en las que se siguen votando las decisiones de esta improvisada comunidad, como la de convocar para la medianoche, cuando entraba en vigor la resolución de la Junta Electoral, un 'grito mudo': los participantes se taparon la boca con cinta adhesiva durante cinco minutos.
Como en jornadas anteriores, la afluencia a la plaza en la que se encuentra el kilómetro cero fue aumentando a medida que avanzaba la tarde, y también en otros enclaves de España en los que se mantienen las concentraciones, como en Barcelona.
La policía informó anoche a los asistentes a las concentraciones de que éstas no cuentan con autorización administrativa y de las sanciones a las que se exponen, previstas en la Ley Electoral y en la Ley de Seguridad Ciudadana.
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