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Rubalcaba denunció el «desparpajo» de los controladores aéreos. | Angel Díaz

Europa Press/OtrMadrid11/12/10 0:00
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Los seis controladores aéreos citados ayer a declarar ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid mantuvieron una actitud «idéntica» a la de sus compañeros del jueves, al acogerse a su derecho de no declarar por entender que la jurisdicción competente en este caso es la militar. Así lo explicó el fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban, que mantiene la citación para el próximo lunes de otros ocho controladores denunciados, ya que son un total de veintiséis los que han sido llamados a declarar sobre su no presentación o abandono del puesto de trabajo entre la tarde del pasado viernes y la mañana del sábado. «Parece obvio que van a seguir así, pero seguiremos adelante», señaló el fiscal jefe.

La Asociación de Fiscales ha advertido de que fue «innecesaria» e «impertinente» la «presencia» del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el Consejo de Ministros que decidió decretar el Estado de alarma ante el cierre del espacio aéreo y ha advertido de que el Ministerio Público «bajo ninguna circunstancia» puede convertirse en un «órgano consultivo» del Gobierno.

En un comunicado, la Asociación de Fiscales ha apelado al principio de división de poderes y a la «autonomía funcional» del Ministerio Fiscal para criticar la asesoría de Conde-Pumpido en un Consejo de Ministros, «aún en supuestos de excepcionalidad o precisamente por ello». «El Ministerio Fiscal queda sujeto a los principios de imparcialidad y legalidad y no al dictamen de criterios políticos, y bajo ninguna circunstancia puede convertirse en órgano consultivo del Gobierno», ha remachado.

Tras destacar que las relaciones entre el Ministerio Público y el Ejecutivo no se basan «en caso alguno» en la «subordinación», la asociación ha advertido de que el Gobierno «carece de facultades» para determinar la «norma aplicable en la jurisdicción penal» a los controladores aéreos que el pasado viernes abandonaron sus puestos de trabajo y ha tildado de «injerencia intolerable» la «mera indicación» por parte del Ejecutivo al Ministerio Fiscal sobre el derecho a aplicar en este caso.