El Tribunal de Cuentas decide investigar a Aznar por la medalla del Congreso de EEUU

El Tribunal de Cuentas, tras estudiar las alegaciones del Ministerio Fiscal y del abogado del Estado, ha decidido seguir investigando si hay «responsabilidad contable» en las gestiones realizadas para que el ex presidente del Gobierno José María Aznar consiguiera la medalla de oro del Congreso de Estados Unidos.
Así lo ha comunicado la sección del citado Tribunal encargada de este caso en un auto remitido a las partes en el que explica que seguirá con la tramitación de la denuncia presentada por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez y por la asociación «Preeminencia del Derecho».
En concreto, el auto -al que ha tenido acceso Efe- propone ahora a la comisión de Gobierno del citado tribunal el nombramiento de delegado instructor para este caso.
Investigación
El pasado 3 de febrero, el Tribunal de Cuentas decidió abrir la investigación tras la denuncia contra los integrantes del Consejo de Ministros que el 26 de diciembre de 2003 decidieron destinar 2,3 millones de euros para suscribir un contrato con la empresa estadounidense «Piper Rudnick».
Según la denuncia, se desvió una parte de ese contrato para promocionar la concesión a Aznar de la medalla del Congreso de Estados Unidos, una distinción que finalmente no fue adjudicada.
Tras abrir las diligencias preliminares, el Tribunal de Cuentas trasladó la documentación al Ministerio Fiscal y al abogado del Estado para que formularan sus alegaciones.
En las suyas, el Ministerio Fiscal señala que, sin perjuicio de las posibles irregularidades en la forma de contratación a que se referían los denunciantes, «no se dan en los hechos denunciados los requisitos que pudieran determinar responsabilidad contable por alcance a persona alguna».
Es más, considera «perfectamente encuadrable» en el contrato suscrito con la empresa de Estados Unidos la realización de las gestiones para la concesión de la medalla a Aznar «buscándose en las mismas la finalidad de satisfacción del interés público general, independientemente de la satisfacción personal que al señor Aznar le pudiera causar su concesión».
Por su parte, la Abogacía del Estado recuerda que un juzgado de instrucción de Madrid no admitió una querella interpuesta contra Aznar por este mismo asunto al no apreciar la existencia de los delitos de malversación de caudales públicos ni de falsedad.