OTR Press27/03/10 0:00
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Los electos de un partido ilegal deberán realizar una «declaración expresa, notoria y fehaciente» de renuncia a la violencia y a todos los motivos por los que se declaró ilegal a la formación a la que pertenecen. Así lo advirtió ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que advirtió a Batasuna que «quien hizo la ley tiene que prever la trampa».
El titular de Interior realizó estas afirmaciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que presentó el informe sobre posibles modificaciones de la Ley Orgánica Del Régimen Electoral General (Loreg) para evitar la presencia de la izquierda abertzale en las instituciones.
«Tendrán que hacer una fórmula expresa de rechazo a aquellas cosas que hicieron ilegal al partido al que pertenecían y eso deberá ser público, notorio y fehaciente», aclaró el ministro.
Para Rubalcaba, causaba «cierta perplejidad que hubiera alguien en una institución que estuviera representando a un partido ilegal porque esa ilegalización se hizo después», como fue el caso de ANV. Por ello, aseguró que se ha trabajado «mucho» en este asunto que jurídicamente es «muy completo». «Hemos encontrado una solución, lo que no es sensato es que esta situación se mantenga. Creemos que la fórmula correcta es aplicarles a estos diputados una 'incompatibilidad sobrevenida'», anunció.
Previsión
«Un partido ilegalizado no puede presentarse a unas elecciones, pero es verdad que puede suceder que un partido sea ilegalizado después», admitió Rubalcaba, quien reiteró que «está claro que quien forma parte de un partido declarado ilegal tiene dos opciones: o renuncia a los principios que llevaron a ese partido a ilegal o renuncia al acta de concejal».
La reforma ha estado dirigida por el Ministerio del Interior durante un año con la colaboración del Departamento de Justicia, a través de la Abogacía del Estado, y el de Administraciones Públicas, así como la Fiscalía.
Las principales aportaciones son que los electos de un partido ilegal pueden perder su acta en caso de no condenar la violencia y también se amplía a 44 días el plazo para que la Abogacía del Estado o la Fiscalía recurran a una candidatura sospechosa de secundar la violencia.