Efe01/03/10 0:00
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El Gobierno ha propuesto medidas dirigidas al sector de la construcción con las que espera que se creen en dos años 350.000 empleos en esta actividad, explicó ayer la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía, Elena Salgado.
En rueda de prensa, Salgado enumeró las principales medidas contenidas en el documento que se va a negociar con los partidos políticos, entre las que destacó las dirigidas a buscar trabajo para los desempleados de la construcción en ámbitos «conexos» al suyo: el de la rehabilitación de viviendas y la eficiencia energética de los edificios.
Subrayó la opción de mantener un IVA reducido del 8% a la rehabilitación de viviendas durante dos años, entre otras ventajas fiscales, así como identificar 2.000 edificios públicos -1.000 el Estado y otros tantos las comunidades y los ayuntamientos- para mejorar su eficiencia energética.
Préstamos del ICO
Asimismo destacó el compromiso del Ejecutivo de tratar de que «ningún proyecto (empresarial) viable se quede en el cajón», con especial atención a las pymes y los autónomos, y de ahí el anuncio de que el ICO conceda directamente préstamos de hasta 200.000 euros.
Con esta medida, las entidades financieras serán sólo las comercializadoras de estos créditos, y el ICO asumirá «completamente» la cobertura del riesgo de estos préstamos. El Gobierno ha propuesto a los partidos, en el documento con medidas anticrisis, negociar que el ICO pueda dar estos y que las administraciones tengan un plazo máximo de 30 días para pagar sus facturas.
También se contempla la idea de aumentar del 8% al 12% la deducción aplicable a las actividades de innovación en el Impuesto sobre Sociedades y elevar en algunos casos, hasta el 60%, el límite general que ya existe a esa deducción.
El documento remitido a los partidos para empezar a negociar a partir del miércoles contiene asimismo iniciativas que buscan aumentar el peso de la industria en el PIB, que actualmente es del 15,5%, para que alcance el 18%. Para lograrlo, se presenta el Plan Integral de Política Industrial 2020.