La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin, acusado de la deportación forzosa de niños ucranianos, pero ¿qué puede pasar a partir de ahora? ¿Qué consecuencias tiene esta orden?
La orden judicial contra Putin "es enormemente significativa por la señal que envía", dice Aisling Reidy, asesora legal de la ONG Human Rights Watch, en una información recogida por el diario británico Daily Mirror.
"La CPI está reuniendo las pruebas, preservando las evidencias y están listos para comenzar, en el momento en que puedan tener a alguien que ha sido responsable bajo su custodia", dice Reidy.
"Creo que es un mensaje muy, muy poderoso: no es solo que estén investigando, sino que están listos para ir con órdenes judiciales", añadió esta asesora de la ONG, con sede en Nueva York.
Por su parte, Jimmy Rushton, un analista independiente de seguridad y política exterior establecido en Kiev, dice que la orden "probablemente no significa que (Putin) termine en La Haya a corto plazo".
Pero sí habrá consecuencias inmediatas e importantes, tal y como expone Aisling Reidy, que no obstante recuerda que "Rusia no es un estado miembro de la CPI y ésta solo tiene jurisdicción porque Ucrania les ha otorgado jurisdicción para los delitos cometidos en su territorio, sin importar quién los cometa. Por lo tanto, es una jurisdicción territorial".
"Pero lo que sí significa la orden es que todos los demás estados miembros de la CPI ahora tienen la obligación ante la corte de arrestar y entregar a Putin", dice la asesora. "Esto significa efectivamente que (Putin) no podrá viajar en la medida en que lo hacía antes", agrega Reidy.
"Ha habido varios rumores sobre él de viaje por motivos médicos, pero si entra en la jurisdicción de cualquier estado miembro de la CPI, entonces sería arrestado bajo la orden y entregado para afrontar blos cargos", dice.
Kyle Orton, un experto en terrorismo y seguridad nacional, dice al Mirror que la acusación de Putin por parte de la CPI es solo la segunda vez que un jefe de estado en funciones ha recibido una orden de arresto en su contra. El primero fue Umar al-Bashir, de Sudán, por crímenes de genocidio.
Pero si Putin nunca viaja a ninguno de los 123 estados miembros de la CPI, entonces, solo si hubiera un cambio de poder interno podría suponer la entrega de Putin a este tribunal, señala Reidy.
Jimmy Rushton también dice: "Un futuro presidente ruso podría cambiarlo a Occidente a cambio de buena voluntad o el alivio de sanciones. De manera similar, (el presidente serbio) Milosevic fue enviado al Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia cuando cayó del poder por el nuevo gobierno serbio".
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