Primera moción de censura conjunta contra Macron por la reforma de las pensiones

Así, los diputados de la oposición se han unido este viernes para presentar una moción de censura contra el Gobierno de Francia a la que aspiran a sumar a todas aquellas voces disconformes con las políticas del Ejecutivo y, en particular, con la reforma de las pensiones, si bien por ahora no suman suficientes apoyos para que salga adelante.

La iniciativa ha partido de un grupo que aglutina a diputados de centro y antiguos aliados del presidente Macron, y ya ha recibido el aval de cinco bloques, entre ellos el que aglutina a las formaciones de izquierda. Critican la «brutalidad democrática» del Gobierno, que el jueves volvió a recurrir a una prerrogativa constitucional que le permite sacar adelante una ley sin someterla a votación en la Cámara Baja. Esta moción de censura «transpartidista», como reza el texto, responde a una reforma que los diputados opositores consideran «injusta» y que «maltrata a millones de compatriotas».

«Votar esta moción de censura es votar contra la reforma de las pensiones», han advertido los firmantes. El presidente del grupo que promueve la moción, Bertrand Pancher, ha apelado en declaraciones a la cadena BFMTV a la «responsabilidad» de todos los diputados para «preservar la democracia». Para que la moción de censura salga adelante, es necesario que la secunden 287 diputados -serían 289 en condiciones normales, pero hay dos escaños vacantes-. El umbral se antoja lejano pero no inalcanzable, si bien sería necesario que una gran mayoría de miembros de Los Republicanos, el partido más tradicional del centro-derecha, terminasen de romper definitivamente con el Gobierno.

Si prospera la moción, supondría la caída del actual Ejecutivo y Macron debería entonces designar un nuevo equipo, sin cortapisas. De hecho, tendría en su mano volver a nombrar a Elisabeth Borne como primera ministra, aunque la imagen de la dirigente ha salido dañada de todas estas semanas de pulsos parlamentarios y protestas en las calles. La ley francesa no obliga a Macron a disolver la Asamblea Nacional y, por tanto, convocar nuevas elecciones, algo que vienen reclamando en estos últimos meses algunas de las principales voces de la oposición.