La niña se quedó embarazada después de ser violada por la pareja de 65 años de su abuela, según informes de los medios locales.
Cuando estaba embarazada de 19 semanas, acudió a un hospital público en la provincia de Tucumán, en el noroeste de Argentina, para solicitar un aborto, según los informes.
El aborto solo se permite en Argentina cuando el embarazo es el resultado de una violación o cuando la salud de la madre está en riesgo.
Sin embargo, las autoridades locales tardaron casi cinco semanas en decidir si seguir adelante con el aborto, mientras que varios médicos se negaron a llevar a cabo el procedimiento, debido a la «objeción de conciencia», según los medios locales.
Los retrasos hicieron que el embarazo continuara hasta las 23 semanas y los médicos decidieron que era demasiado arriesgado para la salud de la niña llevar a cabo el aborto.
Los médicos le han hecho una cesárea este martes y la niña ha dado a luz a un bebé gravemente prematuro y con bajo peso.
Margaret Wurth, investigadora principal de derechos del niño en Human Rights Watch, ha señalado que las autoridades deberían «investigar con urgencia y abordar las barreras que demoraron inaceptablemente su atención».
«Este es un asqueroso abuso de poder por parte de las autoridades de salud provinciales que ha puesto en grave peligro la vida y la salud de una niña de 11 años y la obligó a continuar con un embarazo contra sus deseos», ha afirmado Wurth a la Fundación Thomson Reuters.
La mayoría de las regiones católicas de América Latina y el Caribe tienen algunas de las leyes de aborto más restrictivas del mundo, mientras muchos países, principalmente en América Central, prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia.
El caso de la niña se produce seis meses después de que el Senado argentino rechazara por poco un proyecto de ley para legalizar el aborto, lo que habría permitido a mujeres y niñas realizarse uno durante las primeras 14 semanas de embarazo.
La Campaña Nacional de Argentina por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dijo en una declaración que «forzar a las niñas a pasar por un embarazo y parir es una tortura».
Según Amnistía Internacional, las autoridades colocaron «obstáculo tras obstáculo» tras la solicitud de la niña para abortar. «Forzar a la niña a llevar a término su embarazo forzado, incluso cuando esto pone su vida en peligro, es una cruel injusticia que ha infligido tanto daño psicológico y físico al niño que podría constituir una tortura según el derecho internacional», ha indicado este jueves Erika-Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Los grupos de derechos de las mujeres CLADEM y el grupo de Derechos Humanos regional ANDHES han presentado una petición a un juez en Tucumán pidiéndole al estado que respete los derechos y deseos de la niña de abortar.
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