Sami A., de 42 años y formado en un campamento terrorista de Afganistán, llegó en 1997 a Alemania y vive junto a su mujer e hijos en la ciudad de Bochum, en la zona oeste del país. Según la información del Ministerio del Interior, cobra mensualmente del Estado alemán 1.168 euros.
Las autoridades alemanas han tomado medidas por su alta peligrosidad y el antiguo escolta de
Bin Laden debe comparecer a diario ante la Policía. La Justicia germana ha frenado la deportación porque teme que en Túnez sufra «con gran probabilidad tortura y trato inhumano o degradante».
El caso ha generado debate en un país que ha acogido en los últimos años a gran cantidad de refugiados. «La compasión con extranjeros que suponen un peligro no puede pesar más que los intereses de seguridad del pueblo alemán», ha esgrimido un portavoz de la Unión Cristiano Demócrata (CDU), Philipp Amthor, en declaraciones al diario 'Bild'.
«Que alguien como Sami A. que intenta acabar con nuestro Estado y que al mismo tiempo reciba de él protección y ayudas sociales es un escándalo», ha afirmado este representante del partido de la canciller, Angela Merkel.
Otras voces de la CDU han instado al Gobierno a abrir un proceso de diálogo con el Ejecutivo de Túnez para concretar un traslado con garantías.
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