Caracas ya había llamado el miércoles a consultas a su embajador en Madrid como represalia por el último paquete de sanciones adoptado por la UE y este jueves ha ido un paso más allá consumando la expulsión del representante diplomático español, declarado persona non grata «a partir de la presente fecha».
El Gobierno de Nicolás Maduro ha recordado la visita que el presidente español, Mariano Rajoy, realizó en septiembre de 2017 a Estados Unidos y en la que, según Caracas, accedió a «recibir infames instrucciones y someterse a sus designios con respecto a Venezuela, comprometiéndose a asumir el liderazgo de la conspiración en Europa».
Dichas órdenes se habrían traducido en los «ataques» de la UE contra la «soberanía e independencia» del pueblo venezolano. Según Venezuela, Rajoy accedió a las peticiones del presidente estadounidense, Donald Trump, «a cambio de inconfesables beneficios políticos y económicos para provecho particular de una parte de la cúpula que gobierna España».
ALUSIONES A CATALUÑA
El Ministerio venezolano ha aludido a unas recientes palabras de Rajoy en las que el presidente español dice desear para los venezolanos «lo mismo que para los españoles». «Lamentablemente, el Reino de España es uno de los países más desiguales de Europa», ha añadido Caracas en su nota.
Así, ha denunciado los «incontables» desahucios de viviendas, las «alarmantes» tasas de paro, los «escandalosos» casos de corrupción» y las medidas para «secuestrar el derecho a decidir del pueblo de Cataluña». En relación al desafío independentista catalán, el Gobierno venezolano ha criticado «la judicialización de la política para perseguir y encarcelar a quienes difieran de la posición oficial, cerrando cualquier opción de diálogo civilizada con sus adversarios».
«EL DERECHO A DECIDIR SE EJERCE CONSTANTEMENTE» EN VENEZUELA
«El pueblo venezolano afortunadamente no tiene que sufrir las secuelas de semejantes políticas de Estado», ha apostillado el Ministerio que dirige Jorge Arreaza, que ha presumido en cambio de las inversiones sociales aplicadas por Maduro y de las investigaciones por corrupción abiertas «sin reparar en cargos, apellidos o militancia».
«En nuestro país, el derecho a decidir se ejerce constantemente, sin obstáculos, con altos niveles de participación, mediante un seguro y transparente sistema electoral automatizado», ha alegado.
El Gobierno de Venezuela ha prometido «seguir alzando la voz y tomando acciones concretas para defender los derechos fundamentales y la sagrada independencia», que fue conquistada a través de «un complejo proceso de liberación que culminó con la expulsión definitiva de las fuerzas invasoras imperiales hace casi doscientos años».
En este sentido, ha advertido de que no aceptará la intromisión de «gobiernos subordinados con desesperante nostalgia colonial».
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