El Gobierno indio impulsa una ley para convertir en delito el divorcio musulmán de palabra

En agosto de 2017, el Tribunal Supremo declaró inconstitucional la ley que permite esta práctica musulmana. Asociaciones de víctimas y grupos de activistas musulmanas han denunciado repetidamente la práctica y el Movimiento de Mujeres Indias Musulmanas, así como miembros de la asociación Bharatiya Muslim Mahila Andolan (BMMA), impulsaron la denuncia ante el Supremo, argumentando que la tradición viola sus derechos y deja a muchas mujeres desprotegidas, «sin techo y en la indigencia», porque permite que los hombres les abandonen sin darles «ningún apoyo» a ellas ni a sus hijos.

El uso del 'triple talaq' «ocurre pese a no estar autorizado por el Corán», sostiene la denuncia. De hecho, esta práctica, que consiste en el que el hombre exprese su intención de divorciarse en tres ocasiones, no está permitida en la mayoría de países musulmanes. Sin embargo, esta norma permanece vigente en India porque la Constitución permite a la mayoría de las religiones la regulación mediante sus códigos del matrimonio, el divorcio y la herencia.

La norma está siendo utilizada por los hombres para conseguir divorcios instantáneos y sin previo aviso, llegando a darse casos en los que los hombres utilizan aplicaciones como Skype y Whatsapp o redes sociales para dejar a sus esposas por escrito. Si el proyecto de ley se aprueba, la práctica sería un delito con penas de cárcel de hasta tres años, no sujeto a fianza.

«Solo una ley puede prohibir explícitamente el 'triple talaq'», ha dicho el ministro de Justicia, Ravi Shakar Prasad, quien ha añadido que hay que «hacer cumplir los procedimientos legales para proporcionar subsidio y proteger la custodia de los niños».

Los musulmanes son la minoría religiosa más grande en India, donde la mayoría de la población es hindú. Es uno de los pocos países donde la práctica del divorcio instantáneo ha sobrevivido. Pese a que muchos grupos de la comunidad musulmana de India consideran que la práctica debería ser revisada, por su parte, la Junta de la Ley Personal Musulmana para toda India, una ONG que supervisa la aplicación del derecho musulmán, se opone a su derogación porque considera que los asuntos religiosos no deben ser tratados en los tribunales y ha criticado al Gobierno por interferir en la ley musulmana.