Así lo revela el semanario francés «Marianne», que afirma haber consultado el informe enviado por la oficina europea antifraude (OLAF) a la Fiscalía francesa, que abrió una investigación paralela sobre el caso en diciembre pasado.
La OLAF considera que Le Pen y otros parlamentarios europeos del Frente Nacional (FN) contrataron con dinero de la Eurocámara a asistentes parlamentarios que, en realidad, trabajaban en la sede del partido en Nanterre, a las afueras de París.
Por ese motivo, la institución le ha exigido la devolución de casi 340.000 euros.
Por los mismos hechos, la Fiscalía francesa abrió en paralelo una investigación propia y pidió la información que tuviera la OLAF.
En ese informe confidencial al que ha tenido acceso «Marianne», los autores afirman que Le Pen presentó una nómina de octubre de 2011 correspondiente al contrato como asistente parlamentario de su guardaespaldas Thierry Légier que es «falsa».
Además, creen que ese contrato puede esconder un empleo ficticio, una forma de retribuir a su guardaespaldas con cargo al Parlamento Europeo.
Los contratos de Légier y de Catherine Griset, amiga y secretaria de Le Pen que los investigadores creen que trabajaba para el partido y no para la eurodiputada, son objeto de la investigación europea y de la Fiscalía francesa.
En el caso del guardaespaldas, según «Marianne», se trataba de un contrato a tiempo parcial (tres cuartas partes de la jornada) por el que se le pagaban 7.237 euros netos mensuales, una remuneración que los investigadores consideran «extremadamente elevada».
En su informe enviado a la Fiscalía, los investigadores europeos consideran que los hechos en cuestión «pueden constituir infracciones penales de malversación de fondos, estafa y falsificación documental».
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