Miliciano del grupo yihadista filipino Abú Sayyaf amenaza al ciudadano canadiense John Ridsdel, al que finalmente ejecutaron el pasado mes de abril. | Efe

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, reprendió públicamente en Manila a 228 policías acusados de corrupción y ordenó enviarles a las zonas más conflictivas del país en la isla de Mindanao, situada al sur del archipiélago, y tomada por grupos yihadistas como Abu Sayyaf o el Grupo Maute.

«Preparaos para iros. Os doy dos semanas, quince días», avisó Duterte en un acto en el palacio presidencial de Malacañán al citado grupo de agentes que han sido acusados de corrupción en una investigación interna del cuerpo.

El mandatario, en su discurso transmitido en directo en redes sociales, citó como destinos de estos policías las islas de Joló, Tawi-tawi o Basilan, consideradas de alto riesgo debido a que operan en esos territorios organizaciones armadas de corte yihadista radical, que han jurado lealtad al Estado Islámico.

Duterte se mostró especialmente duro con este grupo de agentes, los llamó «hijos de puta» en varias ocasiones y «los criminales más peligrosos del país», y aseguró que si fuera por él «los arrojaría al río Pasig», que pasa por Manila.

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El jefe del Estado acusó a estos policías de lucrarse de forma ilícita con la campaña nacional contra las drogas con las que inauguró su mandato, el 30 de junio pasado.

La «guerra contra las drogas» fue suspendida de forma temporal la semana pasada tras salir a la luz el caso de un empresario surcoreano asesinado por agentes en el cuartel general de la Policía Nacional.

La muerte del ciudadano surcoreano suscitó fuertes críticas a la política antidroga del Gobierno, además de poner en evidencia la arraigada corrupción en las fuerzas de seguridad.

La campaña contra las drogas de Duterte ha causado más de 7.000 muertes desde su inicio, de las que al menos 2.500 corresponden a sospechosos ejecutados de manera extrajudicial por agentes del orden por supuestamente oponer resistencia.

El presidente filipino ha prometido realizar una «limpieza» de la Policía y más tarde reanudar la controvertida campaña contra las drogas, que prolongará hasta el final de su mandato en el año 2022.