En la última década han llegado al Vaticano más de 4.000 casos de pederastia

Esos datos, los más precisos que se conocen hasta ahora, fueron facilitados en 2012 por el por entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe (ex Santo Oficio), el cardenal William Levada, en el simposio «Hacia la curación y la renovación», sobre la pederastia, celebrado en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma.

Levada señaló que las 4.000 denuncias que llegaron a su dicasterio pusieron de manifiesto la «inadecuada e insuficiente» respuesta canónica y la falta de una respuesta «verdaderamente coordinada».

En ese mismo simposio los expertos estadounidenses Michael Bemi, del National Catholic Risk Retention Group, de Vermont, y Patricia Neal, directora del programa de protección de niños VIRTUS, afirmaron que los casos de abusos sexuales a menores han costado ya a la Iglesia católica a nivel internacional más de 2.000 millones de dólares, lo que ha supuesto la bancarrota para muchas diócesis, sobre todo de EE.UU.

Ese dinero se pagó en los acuerdos a los que se llegó en las demandas puestas por las víctimas a las diócesis, en juicios, asesoramientos legales, terapias para las víctimas y seguimiento de los agresores, entre otras.

Los dos expertos subrayaron que no es posible evaluar el daño causado a las miles de víctimas, cuyas vidas cambiaron para siempre, y que no se puede poner un precio a las que se quitaron la vida por la desesperación.

La lucha sin cuartel contra la pederastia en la Iglesia la inició Benedicto XVI, que declaró «tolerancia cero» para esos abusos y para acabar con la hasta entonces norma no escrita de que «los trapos sucios se lavan en casa».

En 2010 Ratzinger -que no dudó en 2006, un año después de llegar al papado, en castigar al todopoderoso fundador de los Legionarios de Cristo el mexicano Marcial Maciel por pederasta- dio una vuelta de tuerca en esa lucha y aprobó una reforma que introducía la ampliación de 10 a 20 años del tiempo para denunciar los abusos y la inclusión del delito de posesión de pornografía infantil.

También introdujo un nuevo delito por el que se castiga la adquisición, posesión y difusión «por parte de un miembro del clero, en cualquier modo y con cualquier medio», de imágenes pornográficas que tengan como objeto a menores de 14 años.

Esa reforma supuso la puesta al día del documento «De Delicta Graviora», de 2001, anexo al motu proprio «Sacramentorum santictatis tutela», de Juan Pablo II, sobre los delitos más graves contra la moral y los sacramentos, entre ellos los abusos sexuales a menores por parte de clérigos.

Esa reforma demostraba, según el portavoz vaticano, Federico Lombardi, la decisión de la Iglesia de actuar «con rigor y con transparencia» para afrontar los casos de abusos sexuales de clérigos a menores, decenas de ellos ocurridos durante décadas especialmente en EEUU, Irlanda, Australia, Alemania, Austria, Bélgica, Holanda e Italia, entre otros países.

Aunque se trata de normas y sanciones exclusivamente internas a la Iglesia, Lombardi precisó que se da por descontada la colaboración con las autoridades civiles «y el cumplimiento de lo previsto por las leyes civiles» de cada país.

El pasado año, el papa Francisco, siguiendo la línea de Benedicto XVI, aprobó una reforma del código penal de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano que contempla, entre otras, una mayor definición de los delitos contra menores, entre ellos la pornografía infantil y el abuso de menores.

Benedicto XVI y Francisco coinciden en que el perdón no sustituye a la justicia. Ratzinger, además, señaló durante su pontificado que estos casos evidencian que la «mayor amenaza para la Iglesia no viene de fuera, de enemigos externos, sino de su interior, de los pecados que existen en ella».