A principios de año entró en vigor en Hungría una nueva Constitución que, según el análisis legal concluido por Bruselas, resulta «incompatible» con el Derecho comunitario, al poner en peligro la independencia del Banco Central húngaro y de la autoridad responsable del control de datos.
Las reformas incluyen además el adelanto obligatorio de la edad de jubilación de los jueces de los 70 a los 62 años, una medida que en la práctica se ha traducido en una «purga» que afecta a más de 250 magistrados y que, según Bruselas, supone una «discriminación» que vulnera las normas europeas.
Expedientes
Por ello, el colegio de comisarios, reunido en Estrasburgo (Francia), anunció ayer la apertura de tres procedimientos sancionadores contra Hungría, que pretenden corregir cada uno de los problemas detectados.
Bruselas ha dado a las autoridades del país un plazo de un mes (la mitad del tiempo que normalmente se concede en estos casos) para que tomen las medidas necesarias para enmendar las leyes.
Por otra parte, la CE ha pedido a Budapest que aporte más información sobre la independencia del poder judicial en el país, según explicó el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso, en una comparecencia ante la prensa.
Barroso lamentó que las autoridades húngaras no respondieran a las primeras advertencias realizadas por la CE, y confió en que los problemas se resuelvan «lo antes posible».
«Las decisiones que hemos adoptado reflejan nuestra determinación de garantizar el cumplimiento íntegro del Derecho europeo, en letra y espíritu, y la existencia de un entorno legal estable en todos los Estados miembros», indicó.
En el caso de que las autoridades húngaras no respondieran de manera satisfactoria en el próximo mes, la Comisión les enviaría un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción comunitario, previo a la denuncia ante el Tribunal de la UE.
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