El rey Mohamed VI excarcela a 95 presos políticos en un indulto histórico

Las medidas de gracia afectaron a 190 reos, de los cuales 95 recibieron el indulto total por el resto de sus condenas, 53 gozaron de una remisión de su pena, a 37 se les conmutó la cadena perpetua por penas temporales, y a otros cinco se les perdonó la sentencia de muerte a cambio de tiempo en prisión.

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la más importante de Marruecos en este campo, considera a todos los beneficiarios del indulto, entre ellos un buen número de salafistas no vinculados con actos de terrorismo, como presos políticos o de conciencia.

Los excarcelados más conocidos son cinco condenados en 2009 dentro del proceso contra la red yihadista Belliraj y el activista asociativo del norte de Marruecos Chakib el Jayari, sentenciado ese mismo año.

Dirigentes islamistas

Mohamed Amin Ragala, Mohamed Meruani, y Mustafa Moatasim, líderes de dos pequeños partidos islamistas, así como Alaa Badila Maa el Ainin, miembro del también islamista Partido Justicia y Desarrollo (PJD) salieron ayer de la prisión de Salé, junto a Rabat.

Junto a ellos, también fue liberado el corresponsal en Marruecos de la cadena libanesa Al Manar (perteneciente a Hizbulá), Hafid Sriti.

Por su lado, Jayari fue condenado a tres años de prisión por señalar públicamente a las autoridades marroquíes como partícipes del narcotráfico en el norte de Marruecos.

Tras salir de prisión, Jayari dijo que recibió su excarcelación «con total normalidad», ya que «sólo le faltaban nueve meses para cumplir la condena de tres años». Pese a ello, reconoció la «dimensión simbólica» del indulto, «un reconocimiento de la existencia de una injusticia» en su proceso.

La puesta en libertad de los presos políticos fue una de las principales demandas de los miles de marroquíes que salieron a las calles los pasados 20 de febrero y 20 de marzo para reclamar más democracia en el país. Los jóvenes del Movimiento 20 de Febrero, impulsores de la protesta, se manifestaron ayer tras conocerse la decisión frente a la «wilaya» (gobernación) de Rabat para celebrar la medida.

El Ministerio de Justicia explicó que la decisión del monarca es una respuesta a un informe presentado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos, refundado recientemente.