La Eurocámara respaldó por una amplia mayoría la reforma, que supone la creación de tres nuevas autoridades europeas de vigilancia de los bancos, las aseguradoras y los mercados; y que ha sido posible después de que la Cámara y los Veintisiete llegaran a un acuerdo al respecto tras el receso vacacional. Según lo aprobado ayer, la supervisión continuará siendo una competencia eminentemente nacional y los gobiernos tendrán la última palabra a la hora de emplear su dinero en salvar a un banco de la quiebra, pero se crea un sistema de vigilancia común para situaciones de emergencia, desacuerdos entre países o incumplimiento de la legalidad europea.
Decisiones vinculantes
De hecho, los eurodiputados han logrado que los tres supervisores puedan prohibir prácticas de riesgo y tomar decisiones legalmente vinculantes para las entidades en caso de que la autoridad nacional esté actuando en contradicción con las leyes comunes.
Otro de los puntos que levantaban suspicacias durante la negociación con la Eurocámara era la dirección de la Junta o Consejo Europeo de Riesgo Sistémico, que será la encargada de vigilar los riesgos que amenacen a todo el sistema (y no por sectores). Finalmente, dada la prisa por poner el sistema en funcionamiento, ésta será ocupada por la dirección del Banco Central Europeo durante un periodo de cinco años, después del cual se valorará la conveniencia de sustituirla por un sistema de elección más democrático.
El presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, defendió que la nueva arquitectura de supervisión, que forma parte de las medidas adoptadas hasta ahora para hacer frente a futuras crisis, constituye «el gran logro» de la UE desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa, hace ocho meses. «Nuestros esfuerzos están dando ya frutos», destacó Van Rompuy.
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