Antoni Alcover24/10/24 12:23
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Hace algo más de una semana se otorgó el premio Nobel de economía a tres economistas que resaltan la importancia de los factores institucionales a la hora de explicar por qué unos países triunfan y otros fracasan. Robinson y Acemoglu defienden que el éxito o fracaso de un país no depende de su clima, ni de su religión, ni de la raza de sus gentes sino de la inclusividad de sus instituciones, es decir, la existencia de un marco decisorio que evite monopolios proteja la propiedad, la innovación y el desarrollo de nuevas actividades y lo demuestran con un análisis histórico. Precisamente, unas semanas antes un artículo de Antón Costas en El País resaltaba la necesidad de adaptar la forma en que nuestras instituciones toman las decisiones económicas en situaciones cada vez más complejas si queremos tener éxito. Ambas ideas, aunque aparentemente alejadas, parecen relevantes para resolver la encrucijada económica y social de la masificación turística en que se encuentran nuestras islas.

En todas las decisiones hay un trade-off, un dilema entre objetivos que lleva implícita una elección. Debemos decidir hasta punto y cómo debemos limitar el crecimiento económico para alcanzar objetivos de sostenibilidad. En principio, la respuesta a este dilema podría enfocarse de tres formas muy diferentes. En primer lugar, que sean los técnicos que determinen la combinación óptima entre costes y beneficios. En segundo lugar, aceptar un modelo autócrata, que sea la autoridad que de forma benevolente tome la decisión (China) o, en tercer lugar, una vía más democrática, más participativa o colectiva que busque el equilibrio entre objetivos deseables pero en conflicto (turismo, medioambiente e identidad social y cultural). Esta última solución va en contra de la concepción académica de la economía tradicional donde se busca siempre minimizar los costes, maximizar la utilidad del consumidor o el beneficio de las empresas. En nuestro caso la respuesta tenderá a ser subóptima, ya que se deberá negociar y contentar a todas las partes. Dicho de otra forma, tradicionalmente los gobiernos elegían la variable que consideraban que representaba mejor el bienestar de un país (habitualmente el PIB) y con sus políticas económicas buscaban su máximo crecimiento. Ahora es más complejo.

Elegir entre turistas, medioambiente o identidad cultural en un ambiente de incertidumbre es muy difícil. La respuesta pasa por reunir la máxima información posible y que la sociedad negocie y muestre de forma razonada sus preferencias. Es por esta misma razón que el Govern Balear ha diseñado el proceso participativo en el que actualmente estamos inmersos para decidir cómo abordar el problema de la masificación. Hay que buscar un equilibrio socialmente aceptable entre múltiples objetivos partiendo desde la base y no desde arriba y llegar a un equilibrio.

El proceso participativo y la elección de las 12 mesas representativas de los estamentos de la sociedad civil intenta responder a este nuevo enfoque donde los expertos no deben hablar al «poder» sino dirigirse a la sociedad para ayudar a formar sus preferencias con datos. Una sociedad informada capaz de distinguir las políticas pragmáticas (con costes y beneficios) de las políticas populistas que frente a problemas complejos ofrecen soluciones fáciles y rápidas pero equivocadas, tal y como resalta Antón Costas. Son cambios institucionales ante problemas complejos donde el dialogo con la sociedad civil no es una pérdida de tiempo sino una guanacia de legitimidad y posiblemente de eficacia.