Quien haya tenido ocasión de observar de cerca el funcionamiento de cualquier administración pública a la hora de llevar a cabo el desarrollo de un proyecto, sabe que es frecuentemente desesperante al requerir de unos plazos larguísimos y de innumerables correcciones que pueden acabar frustrando o desvirtuando por completo lo iniciado. Además, los fondos procedentes de la UE son especialmente exigentes respecto a las condiciones que marcan, lo que redobla su dificultad de gestión.
Cualquier proyecto, más si pretende cambiar nada más y nada menos que el modelo económico, requiere de una planificación a medio y largo que no es fácil por falta de incentivos. En gran parte porque la administración, con los dirigentes políticos en su cúspide, siempre piensan en el muy corto plazo. También, porque no hay elementos objetivos que permitan adoptar un criterio u otro. Así, por ejemplo, se pueden priorizar inversiones territoriales sobre otras de mayor eficiencia para contentar a una determinada comunidad autónoma, municipio o líder.
Tras la fase de planificación viene la de presupuestación, en la que los actuales gobernantes (Sánchez, Armengol, etc.) presionan para maximizar las cantidades correspondientes a los dos años que quedan de legislatura. Pero las prisas siempre provocan errores. Lo lógico es esperar nuevas correcciones o replanificaciones que retrasarán, inevitablemente, la siguiente fase de ejecución mediante la correspondiente elaboración de complicados pliegos de condiciones ajustados a los reglamentos, no siempre claros, elaborados en Bruselas.
Mientras se van sucediendo los plazos establecidos, se irán aconteciendo otras interferencias políticas de todo tipo. Lo que llevará a que la escala burocrática sea especialmente escrupulosa en el cumplimiento de las condiciones, por lo que se tenderá a agotar cualquier vencimiento o, incluso, a solicitar prórrogas. En el caso de la administración balear todavía está muy presente la legislatura del presidente Matas, así que nadie quiere “pillarse los dedos”. De hecho, desde entonces, los tiempos para la realización de cualquier proyecto, por pequeño que este sea, se han ido dilatando más y más.
A la fase de ejecución le sucederá la de verificación en la que los funcionarios de intervención y delegados europeos comprobarán cómo se ha desarrollado todo el proceso para así poder proceder, en todo caso, a la certificación, es decir, al envío del dinero. En definitiva, la llegada de los fondos no tan solo no será inmediata, sino que las vías por donde deben circular al no estar en las mejores condiciones pueden producir descarrilamientos.
Por último, ante estas carencias lo más fácil será aumentar las plantillas de funcionarios, lo que puede acabar traduciéndose en más burocracia paralizante. En fin, ¿Un cambio de modelo económico? … ¡Cuán largo me lo fiáis!
