Nadie fue capaz de anticipar la aparición de la COVID-19, que obligó a cerrar los negocios no esenciales y a confinar a la población para evitar el colapso de los hospitales. El 14 de marzo se decretó el estado de alarma, que obligó a un confinamiento total. El 2 de mayo se permitieron los primeros paseos y el 22 de junio empezó la ‘nueva normalidad', días después de que llegaran los primeros turistas, recibidos entre aplausos de los trabajadores de los hoteles.
Las restricciones de movilidad que se instauraron desde entonces han tenido graves perjuicios en la economía. La temporada turística, que empezó en julio, se vio interrumpida muy pronto. A finales de julio el Reino Unido impuso cuarentena obligatoria para los británicos que retornaran de España, incluida Balears. Y el 14 de agosto Alemania incluyó a Balears entre las zonas de riesgo y desaconsejó viajar a las Islas, lo que adelantó el fin de las vacaciones de los alemanes.
El año acaba en Balears con los peores datos del país a nivel sanitario. Todo hace pensar que las Islas sufrirán el impacto económico más severo de Europa por su especialización turística. El Govern pronostica una caída del PIB del Archipiélago del 25,4%, el doble que a nivel nacional. Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) han evitado despidos masivos, pero aun así las consecuencias han sido devastadoras. Las solicitudes de ayuda para acceder a productos de primera necesidad se han disparado. Y las empresas, que accedieron a préstamos ICO y moratorias, se ven ahora en dificultades para hacer frente a sus obligaciones porque la actividad no se ha normalizado, por lo que en los próximos meses se espera una avalancha de concursos de acreedores. La pandemia ha supuesto también un cambio de hábitos, con la implantación del teletrabajo y una mayor digitalización.
El Económico ha entrevistado a empresarios de todos los sectores. El turismo y los servicios relacionados han pasado un año pésimo, pero la construcción o la alimentación han aguantado.
