La posibilidad de que las CCAA compitan entre sí, y para la captación de votos, mediante la reducción de los impuestos es un instrumento de defensa del ciudadano frente al creciente, y a veces asfixiante, poder político.
De hecho, en materia de tributos propios las comunidades se comportan de forma moderada. Al tiempo que la utilización del manido recurso dialéctico del “Madrid nos mata” ha servido, principalmente, para ahogar a tributos a los sufridos contribuyentes sin que estos sean conscientes de ello. Pues cada reforma del modelo de financiación supone, inexorablemente, un aumento de la presión fiscal por la vía de mayores aportaciones del Estado.
Sin embargo, para el ciudadano la gran ventaja de la descentralización estatal debería ser poder experimentar la eficacia de las diferentes formas de gobernar. Pero para que esto ocurra las administraciones autonómicas deben contar con gran capacidad tanto en gastos como en ingresos. Algo que no ha caracterizado a la España de las autonomías, en la cual los gastos públicos están mucho más descentralizados que los ingresos; creando un incentivo a competir gastando más, muchas veces incluso con independencia del rendimiento producido.
La mayoría de políticos y funcionarios desean más poder, lo que, en ausencia de límites, conlleva empujar la tributación al máximo que la ciudadanía pueda soportar, sin considerar que esa actitud socava la competitividad y el progreso social dificultando la extensión de las clases medias. Es por ello que la competencia fiscal puede convertirse en una forma de disciplinar a los gobiernos incrementando el bienestar general. De hecho supone una limitación de su poder de los políticos en favor de los ciudadanos.
Los ayuntamientos, al gozar de una autonomía financiera mucho más visible, facilitan relacionar servicios municipales más caros con mayores contribuciones. Lo que se traduce en un mejor comportamiento hacendístico, aunque existan excepciones. Además, casi no han recurrido a la queja permanente por su modelo de financiación, manteniendo una mayor lealtad institucional, a pesar de que las diferencias entre los mismos son mucho mayores que entre autonomías.
Por otro lado, como la mejor forma de llenar las arcas públicas es mediante el crecimiento económico, la competencia fiscal genera un poderoso incentivo para que los gobiernos autonómicos la favorezcan; algo que no ocurre cuando se puede echar mano, como ahora, del “Madrid nos mata”.
Bajar impuestos equivale a subir salarios, aumentar la capacidad de ahorro, reducir el poder político y mejora la eficiencia del conjunto de la economía, contribuyendo a fortalecer a todas las capas sociales. Quizás con otro modelo de financiación autonómica, diferente a los conocidos hasta ahora, más recursos autonómicos podrían equivaler a más recursos para sus habitantes en vez de para sus gobiernos.
