A muy corto plazo, la percepción de esta irracionalidad se debe a que el mero anuncio de la desconexión, la desobediencia manifiesta al marco jurídico español y la arbitraria aplicación de las resoluciones emanadas de las instituciones españolas generaría tal inseguridad jurídica que retraería las inversiones previstas en dicho territorio, además de implicar una prima riesgo mayor sobre las empresas allí radicadas.
A esta inseguridad se añadirían efectos financieros aún más perversos. Una desconexión efectiva no pactada con el gobierno español y las instituciones europeas dejaría a Catalunya al margen de la Unión Europea. No sería un brexit con un proceso de negociación sino una desconexión unilateral. Inmediatamente las instituciones financieras con sede en Catalunya dejarían de estar bajo el paraguas protector del Banco Central Europeo y verían seriamente limitado su acceso a los servicios financieros de dicha institución. Este nuevo estatus implicaría automáticamente una rápida degradación de su calificación financiera, un encarecimiento de su acceso al crédito y una repentina pérdida de competitividad.
También a muy corto plazo la mera independencia supondría la aparición de fronteras económicas, lo que inherentemente iría unido a nuevos trámites burocráticos, declaraciones fiscales, comprobaciones técnicas, etc. El nuevo país vendría penalizado por el hecho de tener que pedir su incorporación a la Organización Mundial del Comercio y negociar con todos los demás países sus cesiones para poder beneficiarse de las listas de productos y concesiones de los países miembros. Solo los aspectos burocráticos de dibujar una nueva línea fronteriza podrían representar un 1 o 2% del PIB catalán, pero eso no sería nada comparado a los posibles efectos de la desviación de comercio.
Catalunya representa casi un 19% del PIB español y un 24% de las exportaciones. Pero una Catalunya fuera de la UE perdería una parte significativa de su mercado español y europeo en detrimento de otras empresas comunitarias o españolas. Más aún, las empresas japonesas, chinas o norteamericanas tendrían muchos incentivos para deslocalizarse hacia países europeos desde los cuales expedir sus productos sin tantas dificultades.
En resumen, a cualquier empresario o economista racional una declaración de independencia unilateral, repentina, no pactada y nacida del enfrentamiento, le resulta increíble porque es literalmente un suicidio económico casi inmediato, con innegables efectos sociales. Es esa falta de lógica que hace que los mercados no hayan cotizado el evento tomándolo como una especie de juego de la gallina en el que dos coches lanzados, el uno contra el otro, esperan a ver cuál será el primero en ceder, mostrando un comportamiento aparente decidido para ganar la partida y, cómo no, el dinero.
