Gobierno de España y Govern CAIB

El conjunto de necesidades y prácticas de buen gobierno tiene, en nuestras administraciones, un grado de cumplimiento bastante limitado, con consecuencias negativas en los outputs socioeconómicos.

Derivado de lo anterior, aparecen dificultades en el mundo empresarial y en la integración de nuestra ciudadanía y en el capital humano disponible, que se reflejan en índices comparativos.

En el ranking de competitividad del Foro Económico Mundial (2013/2014) aparecemos en el puesto 35, de una lista de 148 países, detrás de Islandia, Estonia, Omán y Chile. En un exhaustivo informe, se constatan los desequilibrios de España potencia mundial nº 13/14 en cuanto a PIB, que nuestros gobiernos no alcanzan a resolver.

En la edición 2014/2015, en una muestra de 144 países, conservamos el puesto 35, aunque llama la atención nuestra clasificación en los siguientes marcadores: déficit presupuestario (128), sector financiero (85), flexibilidad del mercado laboral (120), corrupción (80), eficiencia del gobierno (105), infraestructura del transporte (6), conectividad (18), estudios superiores (8), calidad de la educación (88). En Doing business 2015, publicación del Banco Mundial que clasifica cada una de las 189 economías, medidas en función de la distancia de sus regulaciones empresariales con respecto a las mejores prácticas globales, aparecemos en el puesto 33, detrás de Polonia.

El Índice2015 de libertad económica, editado por The Heritage Foundation, en colaboración con The Wall Street Journal, demuestra una vez más que los países con mayor nivel de libertad económica tienen un desempeño sustancialmente superior en ingresos per cápita, atención médica, educación, protección del medio ambiente, reducción de la pobreza y bienestar en general. Nos sitúan en el puesto 49 clasificados como “moderadamente libre”, naturalmente por detrás de los “mayormente libres” y “libres”, en una lista de 178 países en la que aparece en el puesto 176 Venezuela, en el grupo de “reprimidas”.
Es fácil comprobar que las reformas que nos pide Europa son necesarias para corregir los desequilibrios que ponen en peligro el cumplimiento de nuestras obligaciones de Estado, que comporta nuestra pertenencia a la Unión Europea, además de las intrínsecas de un gobierno con una instituciones que faciliten las actividades productivas, para situar el desempleo a un nivel que permita afrontar la salida de la crisis, salvaguardando nuestro estado de bienestar.

Puede ser pedagógico y retador trasladar el paradigma deseado al gobierno de la CAIB, para que desarrolle unas reglas de juego que faciliten la oportuna utilización de nuestros factores de producción y que, además, internamente sea eficaz en el diseño de sus presupuestos y eficiente en su ejecución. Para ello convendría fijar los objetivos a conseguir en la mejora de la financiación, REB e inversiones del Estado. Reformar la educación, recopilando una completa base de datos estadística, que recoja la situación actual y los objetivos a conseguir, con evaluación semestral.

Podría ser estimulante para la ciudadanía plantear reformas para hacer en cuatro años lo que no se ha hecho en catorce y así detectar y corregir las grandes bolsas de despilfarro, conselleria por conselleria y los cuellos de botella más importantes. En los países avanzados, la desburocratización tiene rango de rebaja de impuestos.

Por su repercusión en nuestro PIB se podría experimentar con el empleo público a través de prácticas admitidas por la socialdemocracia europea, cumpliendo con las dos leyes de la función pública:
- Diversificar los modelos de empleo.
- Introducir prácticas meritocráticas y flexibles.
- Internalizar la inteligencia y externalizar el trámite.
- Evaluar el trabajo.
- Crear incentivos a la productividad y al rendimiento.
- Reformar y transformar todo lo que se haya de mejorar, con eficiencia e innovación, haciendo más con menos y encontrando soluciones de calidad sin incrementar los costes.