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Este mismo lunes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, recogía el testigo del Fondo Monetario Internacional y del Banco de España y nos recordaba que España sigue inmerso en un proceso de convergencia fiscal derivado de sus compromisos como miembro de la eurozona, posteriormente ampliados al recibir ayuda para su rescate bancario.

Cabe recordar que en 2014 España registró aún un déficit fiscal de casi 60.000 millones de euros (5,7% del PIB) y que debe recortar el exceso de gasto público en 30.000 millones antes de finalizar el próximo año y situar su déficit en el 2,8% del PIB. Precisamente, el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que complementaba y reforzaba la introducción del euro preveía sanciones para los países que superaran la barrera del 3% de déficit fijando como horizonte a largo plazo el equilibrio presupuestario.

Para aquellos países que se acercaran al 3% existía un proceso de alerta previa y vigilancia y para aquellos que lo superaran existía un procedimiento sancionador, excepto si era producto de una grave recesión económica como fue el caso español. Aun así, España debe cumplir un plan de convergencia que tiene previsto alcanzar un déficit del 1,4% en 2017.

Por eso España debe seguir realizando reformas estructurales y avanzar en el incremento de ingresos y en el control o recorte de los gastos. El FMI y el BdE citaban varias reformas como el copago sanitario y educativo, la eliminación del trato privilegiado para productos del IVA, el aumento de los impuestos especiales y medioambientales o la unificación de contratos laborales.

Estas propuestas pretenden avanzar en la consolidación fiscal, que dado el nivel de endeudamiento público alcanzado (1,48 billones de euros) es casi la única vía para garantizar la viabilidad del país.

Montoro recordó este lunes que del 5,7% de déficit de 2015, un 1,66% se debía a las comunidades autónomas y que estas debían recortar dicha cifra hasta el 0,7% en 2015 y al 0,3% en 2016. Para recordar a las comunidades autónomas y entidades locales sus compromisos y para que no se generalicen los “rescates sociales”, el ministro ha convocado para julio el Consejo de Política Fiscal y Financiera y la Comisión Nacional de la Administración Local, donde pretende recordar a los nuevos gobiernos sus compromisos y posibles sanciones (de hasta el 2% del presupuesto) contempladas en la ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera.

Cabe recordar que hace pocas semanas FEDEA anunciaba que este año ya existían muchas dudas para que se cumplieran los objetivos de déficit previstos. Los presupuestos elaborados por las comunidades autónomas preveían incrementos de ingresos muy dudosos. Preveían recaudar 10.793 millones gracias a la venta de activos, al incremento de impuestos y tasas ligadas a la construcción o a ingresos provenientes del Fondo de Competitividad. Si a estos excesos en la previsión de ingresos unimos los mayores gastos asociados tradicionalmente al ciclo político, no debe extrañarnos que exista una seria preocupación sobre la previsible desviación en el cumplimiento de los déficits locales y autonómicos. Por último, recordar que en el caso de Balears el objetivo del déficit del 0,7% PIB equivale a unos 180 millones de euros y que algunos partidos cifraban en 700 millones las necesidades financieras para cumplir sus objetivos políticos, cifra que supondría multiplicar por 4 el objetivo de déficit autonómico.