No solo por la creciente demanda que según los organismos internacionales experimentará en los próximos años el turismo en espacios naturales protegidos, sino principalmente por la necesidad de articular frente a la creciente competencia de otros destinos políticas activas de oferta, basadas en la identidad y la diferenciación del patrimonio natural con capacidad de construir experiencias singulares y no sustituibles.
Con esta visión de fondo, resulta obligado favorecer la valorización de los espacios naturales protegidos a través de la ordenación de su uso público y, por ende turístico, así como de la actividad empresarial que puedan albergar, que contribuya tanto a la satisfacción de las nuevas exigencias de la demanda como al aumento de la productividad y competitividad del sistema turístico, sin comprometer el mantenimiento de los recursos.
Resulta imprescindible que los organismos gestores de estos espacios (patronatos, comisiones mixtas, equipos técnicos etc.), que velan por su ordenación, protección y uso público, cuenten con una política de gestión turística activa de los mismos, que dé respuesta al creciente uso turístico-recreativo de estas áreas y evite futuros impactos negativos. De hecho, los gestores actuales reconocen que no tienen suficientemente planificados los aspectos relacionados con el uso turístico y citan entre las principales causas, además de la falta de recursos económicos, sus propias deficiencias formativas en materia de turismo y su desconocimiento sobre modelos o criterios de gestión turística de estos territorios.
Prueba de ello es que los actuales instrumentos de gestión –que incluyen los planes rectores de uso y gestión (PRUG) y los planes de ordenación de los recursos naturales (PORN), entre otros– se limitan únicamente a la designación legal o a la regulación de ciertas actividades sobre la base de aspectos ambientales, dejando de lado los aspectos socioculturales ligados al disfrute, recreación y desarrollo socioeconómico de las zonas limítrofes.
En la misma línea, muchos de los sistemas de auditoría presentados por los organismos gestores se centran en aspectos medioambientales y pocos evalúan su propia gestión, limitándose en la práctica a balances contables, actividades realizadas y recomendaciones de planeamiento. Estos déficits dificultan que se cumplan de manera efectiva no solo los objetivos de uso público y gestión sostenible de los recursos naturales, sino también el objetivo último de protección y conservación de los espacios que los albergan.
En este contexto, urge plantear cambios en algunas de las políticas aplicadas tradicionalmente en los espacios naturales que permitan incorporar nuevas perspectivas en su gestión, mientras que desde el punto de vista turístico es necesario avanzar hacia una gestión eficaz de los flujos turísticos y coherente con las líneas básicas de desarrollo sostenible, que garantice el conocimiento, uso y disfrute de los valores de estos espacios, a la vez que contribuya a la mejora de su preservación.
Se trata, en definitiva, de conseguir que la política turística converja con los fundamentos e intereses de las políticas públicas de conservación del patrimonio natural.
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