La reforma fiscal imposible de la comisión de expertos

En este sentido, el informe de la comisión Lagares está en línea con las directrices marcadas por Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) y podrían tener también apoyos en el ministerio de Economía que dirige Luis De Guindos.

La propuesta de los expertos no será aplicada, al menos en su totalidad, puesto que Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, así lo ha manifestado en diferentes oportunidades desde que se hizo público el informe Lagares.

De hecho, Montoro anunció que bajarán los impuestos a partir del primero de enero de 2015 y que esta medida no se compensará con la subida de otros impuestos. Anunciaba, en definitiva, un descenso del IRPF y reiteraba una vez más que su intención es no modificar el IVA.

El informe Lagares, rechazado así de forma parcial por el Gobierno de Mariano Rajoy, recibió el rechazo unánime de las fuerzas políticas en la oposición, que argumentaron que la reforma propuesta por los expertos aumentaría las desigualdades sociales.

El informe tiene objetivos muy ambiciosos, puesto que considera que una vez concluidas las reformas tendrán un efecto positivo de hasta el 0,7% del PIB en tres años. Además, las previsiones apuntan que la mejora sobre el empleo también sería del 0,7% y que contribuirían a reducir el déficit, puesto que aumentarían los ingresos.
El informe proyecta un sistema tributario capaz de generar una presión fiscal equivalente al 37-38% del PIB en 2016. El único momento de la historia en que España alcazó estos niveles de presión fiscal fue en 2007, el último año de bonanza económica. En 2012, la presión fiscal ascendió al 32% del PIB.

Uno de los aspectos polémicos del informe afecta a la autonomía fiscal de las comunidades. De hecho, la propuesta es claramente recentralizadora, aunque otorga capacidad normativa a las autonomías para el copago.

LAS PROPUESTAS. La reforma auspiciada por la comisión de expertos propone múltipes variados cambios. Respecto al IRPF, la comisión Lagares pretende reducir a cuatro los tramos de tributación en la base imponible general. Además, considera que la tasa más baja debería reducirse del 24,75% al 20% y que el tipo máximo (hoy en el 52%) debería acercarse a la media europea (44%). Sugieren además la eliminación de diferentes exenciones y deducciones.

La propuesta más polémica afecta al IVA. Los expertos proponen una profunda reorganización del impuesto, pero no una subida inmediata de los tipos. Pretenden, en todo caso, que toda una serie de productos -muchos alimenticios- que tributan hoy al 10% pasen a hacerlo al 21%. Se trata de yogures, pizzas, galletas, sal... La subida del tipo general del IVA quedaría pendiente para el futuro, cuando la situación económica permitiera reducir las cotizaciones sociales.

La comisión elimina también diferentes impuestos. En general, considera inapropiados muchos impuestos de carácter autonómico etiquetados como medioambientales o gravámenes como el impuesto sobre depósitos bancarios vigente en alguna comunidad autónoma. Además, elimina el impuesto de Patrimonio, sin excepciones.

De aplicarse la propuesta, el impuesto de Sociedades experimentaría también cambios sustanciales. La principal novedad es la rebaja del tipo general del gravamen, que pasaría del 30% al 25% en 2015. Propugnan también la eliminación de las desgravaciones hoy vigentes por creación de empleo o por la reinversión de beneficios extraordinarios. Asimismo, pretenden eliminar la deducción por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica.

Una de las novedades sustanciales expuestas en el informe Lagares es el nuevo Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Pretenden que el gravamen aplicable sea inferior al 1% de los nuevos valores catastrales, que serán revisados anualmente. Consideran que el IBI debería ser de participación estatal para compensar así la no imputación de los rendimientos del IRPF. Este impuesto no sería aplicable en su nueva formulación de forma inmediata.

Prevén también cambios en las cotizaciones sociales. El más importante es, sin duda, que se pretende que las cotizaciones se adecúen a la remuneración percibida. Se propone rebajarlas, una vez estabilizada la financiación de las pensiones. Asimismo, los expertos consideran que sería bueno limitar las exenciones a colectivos muy definidos y especialmente desfavorecidos.

Por otra parte, destacar que la comisión sugiere la creación de nuevos impuestos. Se refiere, por ejemplo, a uno para el vino, a imitación del que se ha creado recientemente en Francia. Además, pretende la implantación de un gravamen estatal sobre emisiones atmosféricas distintas del CO2, que se cedería a las autonomías. En esta mista línea, se crearía un impuesto estatal de residuos de construcción, que también sería cedido a las comunidades autónomas.

También será modificado el impuesto de donaciones y sucesiones. La idea de la comisión Lagares es que exista una tributación mínima en todo el estado, que variaría en función del grado de parentesco.

MARÍ. El conseller d'Hisenda i Pressuposts del Govern, José Vicente Marí, se ha mostrado prudente en su reacción ante el informe de la comisión de expertos, aunque ha sido tajante en la defensa de la autonomía fiscal.

“En general, me parece bien que se disminuyan los impuestos directos, puesto que así los ciudadanos disponen de más renta”, explica Marí, que acto seguido recuerda la necesidad de mejorar el sistema de financiación actual, al tiempo que defiende la corresponsabilidad fiscal y una mayor autonomía.

“En 2007, teníamos una autonomía fiscal del 33%, mientras que en 2011 fue solo del 20%. El Govern tiene muy poca capacidad para modular sus ingresos. Es un aspecto que debe mejorarse, y de forma sustancial”, asegura Marí, que siempre se ha mostrado partidario de una descentralización de los ingresos. “El Govern defiende, y lo continuará haciendo, una descentralización de los ingresos. Es absolutamente necesaria”, argumenta Marí.

El informe de los expertos sugiere dotar a las autonomías de una mayor capacidad normativa que les permita establecer sistemas de copago. El conseller d'Hisenda i Pressuposts tiene claro que “la vía para equilibrar las cuentas públicas no es el copago”. “Las autonomías debemos hablar con el estado en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero el copago no es una solución”, argumenta el conseller. Marí, además, se muestra escéptico sobre la reforma en muchos otros aspectos, como la reforma propuesta por los expertos sobre el impuesto de donaciones y sucesiones, el nuevo Impuesto de Bienes Inmuebles, o la reducción de algunas exenciones y reducciones del IRPF.

En cualquier circunstancia, Marí considera positivo que se reflexione “sobre la estructura fiscal”. “Meditar sobre la actual estructura fiscal es positivo. La comisión ha hecho unas reflexiones interesantes, aunque ya ha quedado claro que no son, ni mucho menos, de obligado cumplimiento. Es prioritario mejorar la corresponsabilidad fiscal”, finaliza explicando el conseller.

XISCO OLIVER. El profesor de Economía Aplicada de la Universitat de les Illes Balears, Xisco Oliver, considera que la reforma fiscal propuesta por la comisión Lagares no tendría, en el caso de aplicarse, efectos redistributivos. “No creo que la reforma tuviera importantes efectos redistributivos. Al final, el grueso de la recaudación siempre la pagan los mismos, las clases medias”, asegura.

Oliver considera que la subida del IVA no sería una buena noticia y que sus efectos serían contraproducentes para la economía española. “Se propone subir el IVA cuando tenemos uno de los más altos de Europa. Puede suponer un incentivo aún mayor para el fraude. En el propio informe se señala como método para combatir el fraude el no poner tipos demasiado elevados. En cambio, me parece acertado que algunos bienes puedan pasar de un IVA reducido a un IVA general”, explica y es claro al mostrarse contrario a que el turismo tribute con un IVA reducido. “No me parece una buena idea que al turismo se le aplique un IVA reducido. Es un sector que no sufre tanto la crisis y que por tanto puede soportar una mayor carga impositiva”, asegura.

Respecto al IRPF, Oliver considera positivo reducir el númerode tramos y de reducciones. “El informe propone una simplificación del IRPF, reduciendo el número de tramos y de deducciones. En general, me parece una buena idea”, explica el profesor de la Universitat de les Illes Balears.

RECENTRALIZACIÓN. Respecto a la posible recentralización que supone el informe de los expertos, Oliver tiene claro que “el problema debe abordarse, no ya a nivel de comunidades autónomas, sino en Europa. No puede ser que haya empresas que estén radicadas en Irlanda, por ejemplo, porque el impuesto de sociedades sea allí más bajo”.

Oliver muestra sus dudas sobre la bondad de la supresión del impuesto de patrimonio. “Hay argumentos económicos a su favor, pero hay que tener en mente que se trata de un impuesto progresivo que se elimina. Hay países que se plantean lo contrario: introducir impuestos sobre las grandes fortunas. Hay que destacar que la crisis no ha afectado a todos por igual y que la consecuencia de la crisis ha sido una desigualdad entre ricos y pobres. De hecho, en general, han logrado aumentar sus patrimonios durante la crisis”, afirma.

Oliver muestra también su recelo por algunos cambios propuestos por la comisión Lagares y recuerda que “hay competencias que estan transferidas y que las comunidades autónomas tienen capacidad normativa sobre algunos impuestos”.

Finalmente el profesor explica que sería bueno limitar la competencia fiscal, no solo entre comunidades autónomas, sino también entre los países de la UE.