El presidente del Consell, Pere Palau, y el conseller de
Patrimoni, Joan Marí Tur, se reunieron ayer con representantes de
la oposición en esta institución, así como con los del Ayuntamiento
de Eivissa, para informarles de su intención de iniciar las
gestiones que lleven a buen puerto la adquisición del Teatro
Pereira. «Si no nos pusiéramos de acuerdo con la familia
propietaria del inmueble por cuestión del precio o por falta de
voluntad de venta -respetable y legítima- nos volveríamos a reunir
con el Ayuntamiento y la oposición del Consell para ver qué
solución le damos al tema», apuntó ayer Marí Tur. «En cualquier
caso, procuraremos resolver el problema lo más rápido posible,
aunque haya que tomarse el tiempo necesario, porque cuando se
trabaja con dineros públicos hay que tener más cuidado que cuando
se trata de dineros privados», añadió.
Por su parte, Pedro Matutes, portavoz de los propietarios, dijo
ayer a este periódico que ante la nueva situación «la familia se
tendrá que reunir para hablar del tema, porque dibuja un panorama
diferente y cualquier juicio a priori sería precipitado». Matutes
añadió que la propiedad «no se ha planteado nunca como necesidad,
ni muchísimo menos, la venta. Nunca lo hemos tenido dentro de
nuestras previsiones, pero también hemos dicho que estamos
dispuestos a hablar con el Consell siempre que nos lo pidan. Es lo
mínimo que podemos hacer, como hemos hecho siempre cuando, como en
el caso de este equipo de gobierno, se ha actuado correctamente y
con buenas maneras».
En cuanto a las reuniones apuntadas, Palau y Marí Tur se
reunieron primero con Vicent Tur y Miquel Ramon, representantes del
Grup Progresista, que a la salida se mostraron satisfechos del
nuevo rumbo del polémico caso. «Por nuestra parte vemos positivo
que hayan rectificado aquel convenio de uso público por 40 años (no
completos) que valía ocho millones de euros. Era algo que no tenía
sentido. Lo suyo es entablar negociaciones con la propiedad para
comprarlo, teniendo en cuenta además que se está tramitando su
declaración de BIC del inmueble, lo que condiciona su uso y la
conservación del mismo», explicó Miquel Ramon, añadiendo que «si
consiguen la compra a un precio que no sea muy gravoso para los
ciudadanos les daremos la enhorabuena; si no, como corresponde a la
oposición, criticaremos lo que no veamos correcto,
naturalmente».
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