El mantenimiento del conjunto histórico preocupa a los alcaldes.

El mantenimiento del conjunto histórico preocupa a los alcaldes.

Europa Press16/05/05 0:00
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Alcaldes de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, entre ellos el de Eivissa, Xico Tarrés, se reúnen hoy en Madrid con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para plantearle sus reivindicaciones vinculadas a determinados problemas que afectan a los cascos históricos. Fuentes del Ayuntamiento de Eivissa confirmaron a Europa Press la presencia de Tarres en el encuentro. El alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, avanzó que se plantearán los problemas a los que se enfrentan los ayuntamientos para enterrar el cableado en los cascos históricos y por la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en determinados casos. Según dijo, antes del encuentro con De la Vega, los alcaldes de las Ciudades Patrimonio tienen previsto reunirse para concretar los asuntos que se quieren plantear para buscar la colaboración con distintos ministerios.

No obstante, Bugallo admitió que seguramente los principales asuntos son las viejas reivindicaciones de ayudas económicas a los ayuntamientos para poder afrontar los trabajos enterrar los cables y como compensación a no poder cobrar el IBI por inmuebles declarados de interés cultural o pertenecientes a la Iglesia. El regidor compostelano detalló que «la ley establece que se debe suprimir el cableado, pero no dice quién debe pagarlo». Las ciudades con cascos históricos son las más afectadas por esta medida, por la dificultad y el coste que supone afrontarla. Al respecto, detalló que un estudio del Consorcio de Santiago estimaba que enterrar los cables en el Casco Histórico supondría una inversión de 60 millones de euros. En cuanto al IBI, manifestó que los ayuntamientos no entran en si determinados edificios deben estar exentos de pagar impuestos, pero consideran que «quien decida esto debe compensarles». Afirmó que la capital gallega deja de percibir entre 1,2 y 1,8 millones de euros al año por este motivo. Añadió que no están dispuesto a renunciar a unas demandas que son «justas», ya que recordó que hay alcaldes de distintos signo político y que se han sucedido gobiernos de distintos partidos y estos problemas siguen existiendo.