Trabajadores y educadores sociales de Baleares piden mejoras tras el asesinato en un centro de menores de Badajoz

Según han señalado en un comunicado conjunto, este episodio pone de manifiesto la «precariedad y el déficit de recursos» al que se enfrentan los profesionales que desempeñan sus labores en los centro socioeducativos de menores con medidas judiciales, lo que les deja en una situación de «desprotección».

Esta precariedad, han sostenido, se ve agravada cuando la gestión de estos centros se deja en manos de empresas privadas multiservicios cuyo objetivo principal son las ganancias económicas.

Para evitar estas situaciones, han propuesto el Ceesib y el Cotsib, es necesario que las plantillas estén bien dotadas y remuneradas. También que los trabajadores cuenten con las medidas de seguridad adecuadas para desempeñar sus labores.

«Estas medidas no pasan por revictimizar a los menores de edad sino por poner los medios que permitan su integración social», han subrayado ambos colegios profesionales.

Es por todo ello que han solicitado que se haga una revisión de las ratios, los medios económicos, las medidas de seguridad y el apoyo psicosocial no solo para los trabajadores sino también para los propios menores.

«Instamos a las instituciones de Baleares a perseverar en la mejora constante de los servicios sociales y, muy especialmente, en los servicios destinados a la infancia y la adolescencia, tanto los de justicia como los de protección. Reclamamos mejorar las políticas de prevención y tratamiento de los menores, incidiendo en los aspectos que provocan estas situaciones», han expuesto.

También se han dirigido concretamente al Govern para solicitar las condiciones de las plantillas, las rotaciones de los trabajadores y las medidas de seguridad de las que disponen en los centros de menores con medidas judiciales.

CCOO CRITICA LAS CONDICIONES DE TRABAJO

En la misma línea se ha expresado CCOO Baleares, que ha condenado unos hechos que considera que ponen en evidencia la «grave desprotección» que padecen los profesionales de los centros de menores y la «irresponsabilidad» de las administraciones públicas a la hora de garantizarles unas condiciones «dignas y seguras».

«No solo es un hecho trágico, sino el resultado de una política sistemática de recortes, externalización de servicios y negligencia institucional», ha sostenido el sindicato en un comunicado.

Desde la organización sindical también han reprochado las «licitaciones a la baja» para que los centros operen con «plantillas mínimas, recursos insuficientes y protocolos de seguridad caducados», los bajos salarios, la sobrecarga laboral y la falta de apoyo institucional.

Asimismo, han puesto de manifiesto la falta de aplicación efectiva de las normativas autonómicas y estatales en materia de protección social y seguridad laboral.

ENTIDADES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA

La Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia de Baleares (Feiab) se han sumado a las condolencias por el asesinato y a la «consternación y preocupación» por las «precarias condiciones» en las que los profesionales del sector desarrollan sus labores.

«La falta de recursos, la sobrecarga de trabajo y la ausencia de medidas de seguridad adecuadas exponen les exponen a situaciones de alto riesgo que no pueden ni deben ser ignoradas», ha indicado en un comunicado.

Tanto los profesionales de intervención social como los menores en situación de desprotección a los que atienden, ha reivindicado la Feiab, deben poder trabajar en un entorno «adecuado y seguro», algo que han exigido a las administraciones públicas.

La federación está integrada por una decena de entidades sin ánimo de lucro en las que trabajan cerca de medio millar de profesionales dedicados a la atención de menores en sistemas de protección o a programas de emancipación juvenil.